Un patrimonio en estado crítico

El mismo día en el que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunciaba un plan para impulsar el patrimonio cultural de Castilla y León, en Medina del Campo se había desplomado con estrépito la espadaña de un antiguo hospital declarado «bien de interés cultural».

El edificio ni siquiera es uno de los 223 monumentos en grave estado de deterioro con los que esta comunidad autónoma lidera la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra. Es cierto que la protección del ingente patrimonio monumental de Castilla y León requiere un volumen de recursos que no está al alcance de las diezmadas arcas públicas.

El presupuesto completo de la consejería de Cultura resultaría insuficiente para atender todas las necesidades. Pero también lo es que nunca ha existido, ni siquiera en tiempos de bonanza, la suficiente sensibilidad política para evitar su progresiva y, a veces irreversible, degradación. Prueba de ello es que la Junta ha dejado pasar el tiempo sin aplicar el 1 por ciento cultural contemplado en la Ley del Patrimonio vigente desde 2002.

De poco sirve tener declarados 2.473 bienes de interés cultural si después una buena parte de ellos, ya sean civiles o religiosos, permanecen abandonados a su suerte. Si los fondos destinados a paliar ese deterioro siempre han sido escasos, con la crisis el problema se ha agudizado de forma alarmante. Y ello se refleja en la mencionada lista de Hispania Nostra, en la que el número de monumentos de Castilla y León se ha disparado desde los 102 incluidos en 2009 a los 223 reseñados en la actualidad, 42 de los cuales se localizan en la provincia de León.

Mal puede exigirse a la propiedad privada que cumpla con el deber de conservación que le corresponde cuando ni la Iglesia, tan activa ante el registro de la propiedad, ni las instituciones públicas predican precisamente con el ejemplo. No pocos de los monumentos en peor estado son propiedad de ayuntamientos y diputaciones, que, por falta de recursos o por mera dejadez, asisten impasibles a su progresiva ruina.

La dotación económica que anuncia la Junta para su nuevo plan —150 millones de euros distribuidos a lo largo de cinco años— seguirá siendo manifiestamente insuficiente para atajar el problema. Y no digamos si se va al garete la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, entidad creada y sustentada sobre las aportaciones de las antiguas cajas de ahorro. Su desaparición sería un nuevo quebranto social —y son ya muchos— derivado de la almoneda de que han terminado siendo objeto las susodichas entidades financieras.