Un único fin: cerrar las piscinas

S on muchas las cosas que se han dicho en los últimos días respecto a la gestión que este alcalde y el PP en San Andrés del Rabanedo hemos hecho para mantener abiertas las piscinas municipales. En primer lugar quiero hacer la siguiente reflexión. Durante muchos años, con el gobierno del PSOE, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo pagaba cada año 400.000 euros a la empresa que gestionaba las piscinas municipales, o lo que es lo mismo, abrir las piscinas le costaba a los ciudadanos del municipio 1.095 euros al día.

A mayores hay que tener en cuenta que toda la recaudación obtenida en taquilla era administrada por la concesionaria de entonces. Sin embargo, esto a nadie le pareció una tropelía. Ahora, y después de meses de continuos problemas, y tras reabrir en el mes de julio, el Ayuntamiento gestiona las piscinas y, por primera vez en su historia, logra obtener beneficios. Es decir, no solo no dejamos de pagar 400.000 euros al año sino que logramos obtener ingresos. Hoy, esto, parece ser una tropelía para algunos cuyo único fin es que cerremos las piscinas municipales para provocar malestar entre los usuarios.

La reapertura de las piscinas municipales fue un largo peregrinar administrativo que comenzó con el procedimiento de licitación que establece la legislación vigente en esta materia. Es curioso. Hasta una decena de empresas procedentes de diferentes puntos del país mostraron su interés por gestionar las piscinas de Trobajo y de San Andrés cuándo la antigua concesionaria decidió dejar de prestar el servicio el pasado 31 de diciembre de 2013. Desde ese momento se pone en marcha la maquinaria administrativa para reabrir cuanto antes. Muchos fueron los obstáculos y las dificultades para poder abrir el plazo de licitación, procedimiento al que, finalmente, concurren tres de las empresas que habían mostrado interés en hacerse cargo de este servicio. De forma un tanto extraña, días antes de abrir los sobres para su adjudicación, las tres deciden dar marcha atrás porque reciben amenazas de que serían denunciadas tanto por parte de los ex trabajadores como por parte de la anterior adjudicataria. Así, comunican al Ayuntamiento que no quieren seguir adelante por miedo a represalias judiciales. Esta situación deja al Ayuntamiento en una difícil tesitura. Si se vuelve a licitar de nuevo se retrasaría la apertura dos meses, con lo que ya no habría piscinas en verano, o adjudicar a una empresa. Esta opción tampoco fue posible porque ninguna quiere trabajar en San Andrés. Así las cosas, el Ayuntamiento decide abrir las piscinas con personal municipal así como con la ayuda de asociaciones y colectivos que colaboran en las labores de mantenimiento de las instalaciones, algunos de ellos de forma altruista. Sin embargo, el Ayuntamiento no tiene socorristas en plantilla y la legislación vigente le impide contratar personal. Ese es el motivo por el que se decide contratar este servicio a una empresa externa.

El contrato se adjudica por dos meses y a razón de 15,02 euros la hora. El total mensual aprobado por estimación fue de 7.570,08 euros, más IVA, es decir, un total mensual de 9.159,80 euros y el total contratado para los dos meses fue de 18.319,60 euros, IVA incluido. Las facturas aprobadas comprenden un total de 432 horas por el mes de julio, lo que supone un total mensual de 7.851,25 euros, IVA incluido; y de 558 horas por el mes de agosto, lo que supone un total de 10.141,20 euros, IVA incluido. Sumando las dos cantidades el importe está por debajo de la cantidad contratada. En ambos casos las facturas de horas están conformadas y se ajustan al precio del contrato, pues la suma de ambas no excede del mismo. También hay que tener en cuenta, y de eso los empresarios saben mucho, que las cantidades abonadas por el Ayuntamiento no iban a parar al salario del socorrista sino que la empresa tiene que hacer frente a la Seguridad Social, al IVA, al beneficio empresarial y otros conceptos que merman, y mucho, la cantidad final que perciben los socorristas.

No nos podemos olvidar que la anterior adjudicataria habría seguido cobrando otros 400.000 euros al año durante los próximos 15 años, puesto que así se establecía en el contrato que firmó el PSOE. Los mismos que no pagaron cuatro millones de euros de deuda adquirida con la anterior concesionaria. Mientras el PSOE gobernó no les importó no cobrar. En cuanto el PP accedió a la Alcaldía decidieron cerrar las instalaciones. También resulta curioso.

Tampoco me gustaría dejar pasar por alto que el Ayuntamiento de San Andrés, hasta la fecha, no ha cobrado la cuota de inscripción a ningún abonado de las piscinas, algo que antes sí tenían que pagar, y ha incluido una serie de actividades deportivas gratuitas para los abonados.

El Ayuntamiento tiene una situación económica muy complicada. Con casi 80 millones de deuda heredada del PSOE hemos conseguido mantener los servicios de forma digna. Esto no es óbice para mejorar y corregir los errores cometidos pero sí limita de forma muy importante la actividad diaria y administrativa del Ayuntamiento. Durante estos últimos tres años y medio hemos reducido en más de 10 millones de euros los gastos, muchos de ellos superfluos, que se realizaban antes. Y un dato que me gustaría trasladarles. Este alcalde no ha gastado ni un solo euro en tres años y medio en dietas a costa de las arcas municipales, ni en gasolina, ni en viajes ni en ningún otro gasto que pueda entrañar este cargo. Ni tiene coche oficial ni chófer. Son lujos que se ha pagado muy caros en este Ayuntamiento y de los que anteriores alcaldes sí disponían.

El único fin que ha rodeado cada uno de los pasos que hemos dado para contratar los servicios para las piscinas era favorecer el interés general, abrir y mantener abiertas estas instalaciones como así ha sido hasta la fecha.