¿De qué identidad hablamos?

N o es posible que a estas alturas de la vida humana —de Derechos Humanos— y de la vivencia en una sociedad global, por lo menos en Occidente, se esté hablando en España de «hecho diferencial». Nada hay más abstruso que observar cómo dirigentes de nuestra nación se empecinan en que para solucionar los problemas de las regiones se diga que es necesario el «encaje» en la nación del «hecho diferencial» o de la «identidad» diferencial. El Diccionario de la Lengua Española define a la «identidad», en su tercera acepción, como «conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás». De forma que la «identidad» no es un hecho objetivo sino la subjetividad de una persona, grupo de personas, o comunidad. Por tanto no es creíble ante los congéneres. De manera que, cuando una comunidad —región, población— se dice de sí misma que tiene un sentido identitario (palabra que no está en el diccionario de la RAE) solamente debe de entenderse que lo cree de sí misma, pero no es predicable a la creencia de los demás.

Y para evitar ello, la Constitución —que fue aprobada mayoritariamente por todos los españoles, incluidos los de las regiones más nacionalistas— deja dicho en su artículo 138.2 que «las diferencias entre los estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Tratar ahora de cambiar este artículo —o todo en su conjunto— para reconocer algún tipo de privilegio va en contra del más elemental sentido de la igualdad ciudadana.

Es verdad que el problema surge en el momento en que una parte de la población de una región se siente diferente, pero el de al lado no lo reconoce y, además, arguye un sistema de comparación. Y se pregunta ¿de qué diferencia habla? Es más, invocan no se sabe qué derechos históricos. Y aquí es donde ya un leonés puede sentirse vejado y humillado al recordar su inveterada misión democrática apoyada en el momento histórico —ahora sí— en que el Decreto de la Curia de León proclama que «estando celebrando la Curia en León con el arzobispo y obispos y magnates de mi reino y con los ciudadanos elegidos por cada ciudad…» Por eso, nuestra comunidad ya estaba signada de modernidad en tiempos remotos sin necesidad de argumentar un derecho histórico que no es más que una idea advenediza para superar —es decir destrozar— la idea de Estado.

Como ya dije en otra ocasión en estas mismas páginas —nada menos que en 1987— la historia de una comunidad moderna, no está en la deflagración regional ni en ayuntamiento de ideas revolucionarias con la tortura psicológica al resto de una comunidad. Todo lo que no sea solidaridad desde lo particular a lo universal es sensiblería obtusa. Porque nuestra Ley de leyes configura la organización territorial del Estado. Obsérvese que lo primero que existe es el Estado, de manera que tanto los entes que lo componen como las personas que habitan en él deben de tener el propio sentido de Estado. Y no lo tienen quienes proponen la destrucción del mismo a través del reparto de poder entre las regiones, porque como ya se dijo en otra ocasión («Las Regiones en pie») si la regionalidad es una ideología en sí misma, unidas en una comunidad con sentido de Estado podrán andar por el intricado laberinto de la vida política moderna.

Y si extraña y entorpecen las ideas políticas que una parte de la población de una región no tenga un sentido proporcional y moderno de Estado, es insólito que parte de uno de los poderes del Estado —es decir, los jueces— carezcan de este sentido universal y comunal del propio Estado y ofrezcan su apoyo a ideas nacionalistas que enturbian el devenir de la actividad universal de la nación española. Porque hay que decirlo ya, que una parte de jueces de Cataluña (33 que así se manifestaron) están a favor de esa idea peregrina y sentimentaloide de la identidad nacionalista. Esto es, como decía Ortega, «nacionalismo supone el deseo de que una nación impere sobre las otras», lo cual supone no dejar vivir a los demás. Quizás, para evitar esto, en nuestra Constitución —para dar satisfacción a los nacionalismos imperantes— se dijo que «se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». El desarrollo de este artículo (2º) de la Constitución daría para un ensayo. Pero baste decir que la «Nación» española la integran varias nacionalidades que forman parte de ese todo. No hay varias identidades, ni siquiera hechos diferenciales, como ya no hay varias entidades geopolíticas sino una sola concepción europea, por lo menos.

Lo que es común e indivisible, lo quieren dividir aquellos que tienen conciencia de que son diferentes. Pues miren ustedes, los que se sienten diferentes, en el momento de tal alegato, son los demás congéneres y si cada uno es una parte y no un todo, deviene el caos convivencial. Por lo menos se hace insoportable esa presión psicológica diaria de que hay un hecho diferencial. No se entiende muy bien —desde la historia y la cultura común— que se desprecie la unidad y se niegue la supremacía del Estado que es una conquista de la organización social moderna. Que pudieran existir otras formas de Estado, no se niega, pero hay que convenir que la forma que se ha dado para España de la autonomía de las nacionalidades, entendemos que colma las aspiraciones de sentirse parte de un todo. Desde luego no es uno más que el otro. Acaso lo es visceralmente, pero alejado de todo raciocinio y por ello irracional. Y a mí no me interesa serlo.