Empleo garantizado

E sta medida, propuesta originalmente por el economista estadounidense Himan Minsky en los años 80, ha sido desarrollada por innumerables economistas internacionales y en España por el economista Eduardo Garzón.

La propuesta de trabajo o empleo garantizado (EG) implica que el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones laborales dignas) a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté preparada y dispuesta a trabajar.

Es contraproducente en términos económicos y sociales que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas. Y no están cubiertas porque al sector privado no le es rentable, y/o porque el Estado no ha decidido realizarlas. Un trabajo que redundará en beneficio económico, social, ecológico y cultural de todos y todas.

Como explica Garzón, en la actualidad necesitamos que cuiden de nuestras personas mayores, personas adultas dependientes, de nuestros hijos e hijas y de nuestros enfermos y enfermas; que haya apoyo psicológico y educativo, que se cuide la fauna y la flora, que se cuiden y reforesten bosques y otros espacios verdes, que se retiren residuos, que se habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente, que se realicen servicios de reparación, reutilización y reciclaje, que aumenten los servicios de ocio, deporte y cultura, que se cuiden las infraestructuras urbanas de muchos barrios de nuestras localidades, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios y educativos, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, que se construyan y mantengan centros de producción de energía renovable, etc.

Por lo tanto, se trata, como plantea este economista, de: 1) Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy día son insuficientes (educación pública, sanidad pública, culturales, deportivas, generación de energía renovable, etc...). 2) Crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas: servicios de reutilización y reparación de materiales y productos, optimizar rendimiento energético de edificios, etc...). 3) Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados domésticos y otros trabajos hoy día voluntarios repartiendo esas actividades de forma solidaria entre la comunidad.

La Encuesta de Empleo del Tiempo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística señala que en el cuidado de niños se dedicó en ese año una cantidad de horas equivalentes a más de un millón y medio de puestos de trabajo (concretamente 1.579.259) a jornada completa. En el cuidado de personas adultas dependientes la cantidad equivalente de puestos de trabajo sería de 374.708.

Si es el Estado el encargado de financiar el empleo garantizado, su diseño y gestión correría a cargo de los ayuntamientos con participación de la sociedad civil. Los vecinos y vecinas son quienes mejor conocen los problemas de sus localidades. De esta forma además se avanza en la democratización de la economía. El Estado remunera el trabajo mediante ingreso directo en la cuenta bancaria, evitando así intermediarios en la gestión del dinero. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye también otros pagos no salariales como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad, por enfermedad, etc. Debe haber supervisión para que los trabajos se realicen adecuadamente.

Los beneficios del empleo garantizado son innumerables: producción de bienes y servicios (y por lo tanto aumento del PIB), generación de renta y riqueza, alivio de la pobreza, mayor cuidado del medio ambiente, más y mejores construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social, política y económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo (problemas de salud física y mental, maltrato conyugal, consumo de drogas, delincuencia, etc.).

Como propone Garzón, habría tres tipos de trabajo en función de su cualificación, y por lo tanto tres tipos de remuneración: 7 euros/h para alta cualificación, 6 euros/h para media cualificación, y 5 euros/h para baja cualificación. Con jornada completa el salario bruto es de 1.213 euros al mes en puestos de cualificación alta, 1.040 euros al mes si son de cualificación media, y 867 euros al mes los de cualificación baja (en neto: 1.047 euros; 951 euros; 794 euros). Ese nivel de remuneración hará las veces de salario mínimo por debajo del cual ninguna persona trabajaría en el sector privado al tener la posibilidad de acogerse a un programa de empleo garantizado de mejores condiciones, logrando así acabar de facto con todos los puestos de trabajo en los que no se garantizan condiciones laborales dignas.

El coste podría financiarse fácilmente mediante una reforma fiscal similar a la que proponen los técnicos del sindicato de Hacienda: nuevo tipo del 35% del Impuesto de Sociedades a partir del millón de euros, reducción de la economía sumergida en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública, restricciones al sistema de módulos, Sicav, tipo de la renta del ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e impuesto a las transacciones financieras. El objetivo de esta reforma no sólo sería recaudatorio sino también avanzar en la progresividad del sistema tributario.

Es una propuesta técnicamente viable, económicamente sostenible y políticamente realizable. Se trata, por lo tanto, de voluntad política y de tener mayoría en las elecciones para llevarla a cabo. Esta es la propuesta de Izquierda Unida y es una propuesta solvente. En Argentina se crearon dos millones de puestos de trabajo en 2005, y se ha aplicado en países como Suecia, Francia, Australia o Corea del Sur, aunque nunca, hasta ahora, para cubrir a todas las personas desempleadas.