Diario de León
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Tras una batalla legal iniciada hace diez años por una pequeña empresa de transportes de pasajeros leonesa a la que luego se sumaron otras muchas de Castilla y León, la Junta se ve obligada a eliminar los derechos de preferencia aplicados por decreto desde 1999 en la adjudicación de las rutas escolares, que mayoritariamente beneficiaban a las compañías que cubren itinerarios regulares en ese entorno. Contra ese criterio, que se apoya en argumentos de zonificación e ignora los económicos, se pronuncia de manera rotunda la Comisión Europea, pero la Junta persiste en su empeño por la vía de la prórroga de los contratos, lo que en definitiva contraviene el dictamen de la autoridad europea y además vulnera el derecho de libre competencia.

 

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