EDITORIAL: Un millar de damnificados que Industria ha puesto en una situación insostenible

El problema del carbón no es sólo cuestión de estadísticas, de datos fríos, de numeros millonarios. Detrás hay personas, hay familias, hay situaciones que después de tantos varapalos acumulados desembocan en auténticos dramas humanitarios.

La voz de alerta saltaba el lunes en Fabero, donde el Ayuntamiento planteaba la necesidad de ayudas urgentes para 300 familias porque con tantos obstáculos como ha sufrido el carbón, los trabajadores del sector han tenido que ir consumiendo las prestaciones y otros, con tanta inestabilidad en los empleos, no han conseguido acumular tiempo suficiente para lograr la paga mínima.

Ayer fue la montaña central leonesa la que denunció la situación que padecen, en este caso, 700 trabajadores de la Hullera Vasco Leonesa y de sus subcontratas. El comité de empresa criticó la asfixia que padece la empresa después de años de incumplimientos por parte del Gobierno y de las empresas eléctricas. Y de nuevo surge el llamamiento agónico porque las familias están al límite. Tras soportar unas rebajas salariales que serían impensables en una compañía minera como ésta, se ha generado una acumulación de regulaciones de empleo que han mermado la prestaciones de desempleo. Muchas familias tienen problemas muy serios para afrontar el día a día y se ven amenazadas abiertamente por embargos o incluso por desahucios porque el tiempo transcurrido con tanto problema laboral serio es excesivo.

La situación dramática del carbón tampoco es ajena a la comarca de Laciana. Allí hace tiempo que se han hecho imprescindibles medidas sociales para atajar la problemática que sufren muchas familias. Y en el Bierzo Alto también hay demasiados damnificados por este parón que sufre la minería energética a pesar de las constantes promesas políticas sobre plazos que en realidad nunca se cumplen.

El tantas veces prometido marco estable para el carbón ha sido un engaño que indigna, y con toda la razón, al sector y a todos sus afectados. Cuando se unen los trabajadores a los empresarios y a los representantes políticos —en este caso incluso con alcaldes del PP— es que la denuncia pública está más que avalada. Y se evidencia que no es cuestión de guerras políticas o de demagogia. Se hace palpable que el problema es real y reclama actuaciones urgentes.

El tiempo de las negociaciones, de los pactos y los compromisos ha pasado. La situación dramática que padecen cientos de familias exige soluciones inmediatas. Nada justifica ya los retrasos en la aprobación de la normativa estatal del carbón para este año, y aún menos a quienes intentan buscar disculpas que a estas alturas son inaceptables.