La Lomce, la religión y el laicismo

S upongo que nadie me acusará de ser partidario de la Lomce, pues sostengo desde hace años que se trata de una ley inane que no resuelve ninguno de los principales problemas educativos de este país: ideologización de la enseñanza, problemas acuciantes de comprensión y expresión oral y escrita, graves dificultades en el razonamiento lógico-matemático, etc.

La causa de estos males es bastante obvia: llevamos veinte años con una ley ideológica —la Logse-LOE—, que ha logrado situar la educación española —predominantemente en manos de la izquierda— a la cola de los países europeos, tal y como ha demostrado el informe Pisa en reiteradas ediciones. Sería prodigioso que la Lomce, una revisión puramente accidental de aquella ley, pudiese mejorar sustancialmente la calidad de nuestro sistema educativo. Pero, además, la implantación de la Lomce va a acarrear efectos demoledores para la Filosofía.

Por citar solo algunos, mencionaremos: la conversión de la Historia de la Filosofía —que es actualmente común (obligatoria) en 2º de Bachillerato— en una asignatura optativa de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Esto se traducirá en muchos centros en su desaparición, al competir con otras materias más sencillas y fáciles de aprobar; el traslado desde 1º a 2º de Bachillerato de la optativa de Psicología, que se expropiará al Departamento de Filosofía y se adjudicará al Departamento de Orientación Educativa; la desaparición de asignaturas filosóficas como Educación para la ciudadanía y Educación ético-cívica, estableciendo en su lugar una nueva materia —Valores éticos—, a la que se asignarán 50 minutos semanales y que está condenada a convertirse en una maría, ya que ni siquiera formará parte de la evaluación final de cada etapa.

Sobre la alternativa a Valores Éticos, la Religión, sorprende la ligereza y el sectarismo con que se aborda en algunos medios de comunicación. Así se ha publicado en este diario —y cito textualmente—: «Tienen sobrados argumentos quienes se oponen a que la religión sea asignatura, convirtiendo para ello las aulas de un estado laico y aconfesional en capillas con maitines o catequesis con embudo».

La calidad literaria no siempre acompaña el rigor intelectual con que debe abordarse este asunto. Que el Estado español sea laico o aconfesional no significa que sea laicista. Hemos de recordar que, tal y como establece la Constitución Española, la educación no es propiedad del Estado, sino que compete principalmente a los padres, primeros educadores. Y los padres han de tener no solo el derecho en teoría, sino también en la práctica, de poder educar a sus hijos como ellos juzguen más adecuado. Y esto debe garantizarlo el Estado.

Si éste se identifica con una educación única e igualitaria para todos, no solo se impedirá a los padres una educación libre para sus hijos, sino que habremos caído en una concepción estatalista, con consecuencias peligrosas para nuestra sociedad. Pues ya no será el pueblo quien decida libremente, sino aquellos que ostentan el poder.

En un clima público en el que se considera como un valor básico adquirido el respeto a las opciones políticas y religiosas, se producen estrategias de información en los mass media, que no pueden considerarse neutrales, sino que representan una actitud beligerante. Se trata de posturas poco respetuosas con los principios democráticos, porque manipulan —a veces, escandalosamente— la información, y poco generosas, pues desconocen los valores también humanos y sociales que representa la religión católica y el importante servicio asistencial que han prestado y siguen prestando tantas instituciones de la Iglesia.

Hoy se está queriendo imponer como criterio único el laicismo, que es la aspiración a marginar de la vida pública cualquier manifestación religiosa. Las instituciones políticas y las religiosas poseen ámbitos distintos que les son propios. Sin embargo, los valores fundamentales de la fe deben poder manifestarse también públicamente, no por medio de la fuerza institucional de la Iglesia, sino por medio de la fuerza de su verdad interior.

El laicismo que expulsa a la religión de la escuela constituye un grave error, una arbitrariedad y una injusticia, pues los poderes públicos no están para reprimir las creencias de la sociedad, sino para garantizar el derecho a ejercerlas. En cambio, mediante el laicismo, el Estado convierte a los creyentes en ciudadanos de segunda, al impedirles expresar libremente sus creencias. El laicismo representa el exterminio de la libertad religiosa. Una libertad que consagra nuestra Carta Magna: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Palabras de la Constitución (art. 16, 3), inconcretas como todas, pero que eliminan toda tentación de fundamentar el laicismo en la Ley de leyes.

Lo que nos jugamos es la libertad en este país, la libertad para poder vivir en el ámbito público manifestando la propia identidad sin tener que censurarla. Es necesario que España siga siendo un espacio de libertad, también de libertad religiosa. Los intentos de expulsar la religión de la escuela, amén de anacrónicos, solo pueden sostenerse desde posiciones dictatoriales o totalitarias.