EDITORIAL: Industria da otra vez largas a la Junta en la petición de auxilio para el carbón Hacienda
La dirección de la Hullera Vasco Leonesa anunciaba ayer, en plena semana de movilizaciones de la plantilla por los impagos y un futuro laboral más que incierto, la retirada del expediente de regulación de empleo que la empresa había planteado desde finales de mes para la práctica totalidad de sus trabajadores como consecuencia de la imposibilidad de vender carbón a las térmicas, decididas a no comprar mineral autóctono por encima de los precios del de importación.
La pretendida solución del compromiso de compra por parte de Gas Natural Fenosa de 60.000 toneladas, que se sumarán a las 520.000 que tiene almacenadas en la térmica de La Robla, no pasa de ser un parche, una buena intención en la línea de otras elogiables iniciativas desarrolladas por la Junta en los últimos días, como la carta que el presidente Juan Vicente Herrera dirigió al ministro de Industria exigiéndole su «implicación personal» en el conflicto. La petición de que «no nos hagamos trampas en el solitario» porque «esas medidas y ayudas son estrictamente las incluidas en el acuerdo suscrito por tu ministerio» revela que Herrera sabe muy bien que en esa partida se enfrenta a quien nunca, en los tres años y medio que lleva al frente de la cartera, miró a los ojos y jugó limpiamente con el carbón, un sector del que sencillamente pasa. No es que José Manuel Soria no conozca una mina —molestia que no se ha tomado—, es que ni siquiera se la imagina. No ya la mina desde la experiencia de bajar ocasionalmente al pozo, sino de la supervivencia fuera del tajo.
No es de extrañar que, probablemente también con esa convicción, el portavoz de la Junta afirmase ayer que la respuesta del ministro de Industria a los dos folios de la carta de Herrera reproducidos en este periódico no fuese «todo lo clara» que se esperaba desde el Gobierno autonómico y desde el sector.
Sin llegar a más concreciones, lo que se vino a decir es que desde la Junta no se cree nada de la promesa ministerial de que antes de que acabe el mes estará lista la normativa de incentivos al sector que permitiría la recuperación de la actividad. Eso tiene unos plazos concretos
—redacción del borrador, consultas, tramitación administrativa, etcétera— que no se resuelven en dos semanas cuando no se quiso hacer en un año. Lo que desde el Ejecutivo autonómico se teme y desde el sector se sabe es que Soria, ahora ya con sólo unos cuantos meses en el cargo, no va a mover un dedo por salvarlo, sino más bien justamente por lo contrario.
La jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) no ha podido aguantar el pulso con el juez Ruz, ha cumplido la orden a la que se negó en primera instancia y ante el ultimátum del magistrado y para no incurrir en un delito de desobediencia ha cuantificado en 220.000 euros el posible fraude del Partido Popular por el impuesto de sociedades en 2008. Pero en el escrito insiste en que el PP no tenía por qué pagar ese impuesto, aunque las donaciones fueran en dinero negro, siempre que cumpliera sus fines. Para avalar la tesis, la Agencia Tributaria encargó un argumentario que se filtró a los medios de comunicación, en el que se sostiene que el Partido Popular es como Cáritas, que tampoco ha de tributar por las donaciones que recibe siempre que con ese dinero alimente a niños desvalidos.
La comparación es insoportable, incluso para técnicos de la Agencia Tributaria y para algunos dirigentes del Partido Popular que han decidido manifestarse. Y es tan extravagante como sería, para sostener la tesis contraria, equiparar a Mariano Rajoy con Al Capone, investigado y condenado por defraudar al fisco. Pero sería un error que nos despistáramos con las palabras. Lo realmente obsceno es que la Agencia Tributaria, que persigue a quien escapa de sus obligaciones tributarias, no facilite el trabajo a un juez que busca exactamente lo mismo. Y que cuando lo hace, realice una declaración complementaria que nadie le ha pedido y convierta la respuesta en un acta de defensa del Partido Popular, presuponiendo que todo el dinero se usó para los fines previstos, cuando la investigación de Ruz considera acreditado que el origen y las cantidades así como el destino, una caja B del partido, excedían los límites de la ley. Y es él quien investiga, quizás haciendo el trabajo que la Agencia Tributaria no hizo.
Añadamos al despropósito el pequeño detalle de que el argumentario de Cáritas lo realizó un hermano del actual director de la Agencia Tributaria y que para hacerlo tuvo que conocer el documento que la Agencia Tributaria envió al juez antes que el mismo juez, cosa que no parece procedente. Como no lo es que el ministro que insinúa día sí y día también que hay actores, famosos, partidos y medios de comunicación que no cumplen con sus obligaciones tributarias no haya abierto aún la boca para dar explicaciones sobre tanto despropósito.