EDITORIAL: Combatir la competencia desleal es cuestión de Justicia
El grave problema que sufre España de economía sumergida no tiene justificación posible. Su existencia nada tiene que ver con la crisis. Ampararse en que hoy las cosas se han puesto complicadas para muchas personas es buscar una excusa fácil porque la picaresca para evitar el pago de impuestos o para engañar a personas para que trabajen sin contrato es muy anterior a la coyuntura que padecemos en estos momentos.
Por ello no pueden justificarse acciones como los talleres de repararión de vehículos que actúan de manera ilegal. En primer lugar porque supone un ataque contra el sistema, contra el resto de españoles que pagan rigurosamente sus impuestos cada día y con los que se financia la Sanidad, la Educación, las infraestructuras o bienestar de todos los ciudadanos. Y con esa actuación al margen de la ley se genera una singular injusticia contra quienes sí cumplen con el resto al tener todos los papeles en regla, respetando los derechos de sus trabajadores y abonando los impuestos debidos.
La tentación de buscar el atajo, el ahorro rápido de dinero es fácilmente entendible. Pero en demasiadas ocasiones la trampa tiene consecuencias y cuando surge un problema no hay a quien recurrir, porque quien opta por el atajo lo primero que se genera es una situación de grave desamparo para poder realizar algún tipo de reclamación en el futuro.
Que las Fuerzas de Seguridad persigan este tipo de acciones ilegales no debe sorprender a nadie. Es una cuestión de Justicia hacia quienes se ven directamente perjudicados y hacia el conjunto de la sociedad.
Es una falacia plantear que ese camino de las irregularidades es la única fórmula para que trabajen algunas personas. Dicen los expertos que si hubiese una intolerancia absoluta hacia esas prácticas entonces se generarían empleos con todas las garantías.