¿Legisladores?

E sta España nuestra de las autonomías, además de costarnos un riñón y parte del otro tiene otras muchas contraindicaciones para la buena salud del contribuyente. En el pasado año 2014 el Boletín Oficial del Estado llenó 169.874 páginas con las disposiciones y otras normas legales que sus señorías aprobaron. Y los 17 boletines de las comunidades autónomas en total nos deleitaron con 813.256 páginas de normas legales y disposiciones que regulan nuestra vida sin saberlo. Porque siempre se encargan de repetirnos que «el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento» pero digo yo que cada día nos lo ponen más difícil. Porque el año pasado el Bocyl completó 87.936 páginas y de ellas unas cuantas seguro que me afectan, pero yo no lo sé ahora, por lo que lo más probable es que no actúe de acuerdo con esas normas que desconozco, pero que el día menos pensado pueden caer sobre mí cual espada de Damocles para demostrarme que las he incumplido y, por tanto, debo pagar. Y esa es la cuestión: que los contribuyentes no sólo contribuimos con el pago de impuestos, sino que de vez en cuando nos asaltan bandoleramente con pagos a las administraciones de los que no teníamos noticia, pero que de cualquier forma debemos hacer.

Sus señorías son prolíficos en dictar normas y leyes. Tan prolíficos que algunos se creen por ello padres de no sé cuantas patrias. Y en su afán ni se dan cuenta de si lo que legislan es contrario a otra norma superior, o simplemente es parecido. Ellos a lo suyo y nosotros a cumplir, aunque haya cinco normas similares. Mejor las cumplimos todas, porque siempre podrán pillarnos por algún lado (el que hace la ley hace la trampa y sabe cómo esquivarla) y así no sólo los ciudadanos, sino especialmente quien tiene un negocio o quiere montarlo se ve inmerso en una suerte de ruleta rusa porque a ver quién es el guapo que puede estar al día con tantas disposiciones que, a lo peor, te afectan y tú sin enterarte. Pero lo más sangrante de esta alocada incontinencia legislativa es que son muy pocas las veces que la norma que se dicta es de verdad útil y necesaria para la ciudadanía. O sea, que esos diputados que elegimos se dedican realmente a hacernos la vida imposible, bien por no facilitarnos lo que necesitamos o bien por ponernos trabas absurdas. Lo curioso es que ni las propias administraciones conocen las normas y por eso muchas veces pierden en los tribunales de justicia. Pero no importa, pagamos nosotros.