Elecciones municipales y guerra de pobres

C omo cada cuatro años, llegan de nuevo las elecciones municipales, y su interés dependerá de la importancia y riqueza del ayuntamiento en cuestión. Entramos en campaña y en la política más castiza, los grupos de parentesco y los hombres de partido se movilizan como en un rito tribal. No importan mucho las ideas ni las siglas, porque los pobres no son libres y se juegan su sustento y el de sus familias. Tampoco cuentan mucho los méritos y, a la hora de la verdad, nada como un pariente, un amigo, un conocido, un camarada de siglas aupado en la política para colocarme a mi y a los míos. Llega así mismo la pesca de votos en las tristes aguas del paro. Las contrataciones, aunque sea por un tiempo pírrico, se multiplican y sobre todo las promesas, implícitas o explícitas, que después de las elecciones se traducen en el «qué hay de lo mío» propio de nuestra partitocracia. Los candidatos más osados dirán que están en negociaciones con no sé que industria por no sé cuántos millones de inversión y cuántos cientos de puestos de trabajo... Y es que en algunos pueblos se necesitaría ya una flota de autobuses para cubrir los puestos prometidos en los últimos años.

Al final, creando una buena red clientelar y meras expectativas de trabajo, algunos lograrán una dedicación exclusiva de cuatro años o endogámicos puestos político-empresariales. Pero con el paso del tiempo esta misma camaradería se va dividiendo. Después de años de espera, callados y pacientes pese a las irregularidades administrativas, pese a ver como se benefician siempre los mismos, a defender y tapar la falta de democracia y formar parte del secretismo ocultando al pueblo las retribuciones de los cargos, las actas de los plenos municipales, los presupuestos desglosados e inteligibles, las inversiones, los procesos de contratación... en definitiva, todo aquello que se define como transparencia, después de no perder la posición de hombre o mujer que se debe a su partido (y propio interés), de lealtad a estos alcaldes de impunidad probada que solo los delatan sus propios excesos, comprueban que ellos también han sido engañados, que en el reparto de amigos unos se llevan la carne y otros no alcanzan ni el hueso, incluso los hay que llevan trabajando duro durante años y descubren que han sido utilizados en beneficio de intereses particulares. Quizá no sea suficiente y aún así sigan formando grupo, peleando internamente para ocupar la mejor posición posible, porque después de años al calor del dinero público ni se imaginan que podría ser de sus vidas. O quizá el acontecimiento desencadenante, la gota que colma el vaso, derrumbe su casa carcomida, hunda su barco de irregularidades.

Caerán unos grupos y vendrán otras siglas, pero posiblemente continúen los mismos vicios. Porque pese a las buenas intenciones, si no se modifican las circunstancias nos condenamos a repetir una y otra vez los mismos errores. Y dudo mucho de que quieran cambiarlas los que llevan décadas legislando para protegerse de los ciudadanos; los que han blindado la arbitrariedad y los abusos de nuestros gobernantes con un procedimiento contencioso-administrativo lento y donde el demandante siempre pierde por los costes de los abogados y las tasas, mientras el déspota electo se defiende con dinero público. Pero si las herramientas legales, en un país donde la administración desleal ni siquiera se encuentra tipificada en el Código Penal, son ridículas, la oposición social al cambio suele ser muy violenta. Sí, cualquiera puede vivir tranquilo en nuestros pueblos, pero no se te ocurra amenazar los intereses de los amigos y allegados de los cargos públicos. El hecho de denunciar las malas prácticas políticas de nuestros pueblos pueden suponerte amenazas, mofas, insultos, ostracismo... porque somos un país que presume de saltarse las leyes y pisar los derechos de los que no se pueden defender, como cuando aparcamos sobre un reservado para minusválidos, pero a la hora de la verdad, cuando se trata de los que ostentan el poder, nos conformamos con vivir en la paz de los cementerios.

Aún así, espero que nos sorprendan en clave local y que nuevas sensibilidades vayan introduciendo, ayuntamiento tras ayuntamiento, la sana costumbre de hacer público cada euro, cada contrato realizado, de mostrar hasta el último movimiento como instituciones públicas que son, y no como negocietes de clanes de partido y empresas que basan su competitividad en el arte de lograr el favor político.