La culpa no es del sistema

E l desagrado de la opinión pública ante el desarrollo del proceso político, que dio lugar a la gran movilización de los indignados y que ha provocado espontáneamente cambios de calado en el abanico de partidos, está siendo analizado, no siempre con acierto, por los politólogos del reino, con un resultado preocupante. Titulares como ‘SOS: la democracia española hace agua’ se prodigan estos días en la prensa, para desconcierto de muchos ciudadanos que, con su sabia intuición, han llegado hace tiempo a la conclusión de que lo que falla no es el sistema sino sus gesores, la clase política, cuya conducta en líneas generales (y con las honrosas excepciones de siempre) no ha estado a la altura de los requerimientos.

El sistema político vigente definido por la Constitución de 1978 y las normas que la desarrollan —entre ellas, la ley electoral— necesita una actualización, una puesta al día, porque en 37 años la concepción del mundo se ha modernizado como es natural. La necesidad de eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, por ejemplo, pone de manifiesto lo que se quiere decir. Pero en términos generales, el corpus normativo de nuestra democracia funciona perfectamente y no es el causante de la deriva que hemos padecido.

Escribía, con razón, uno de esos politólogos que escarban en las dificultades del modelo que hay que superar la partitocacia, es decir, la situación por la cual los partidos «desvirtúan la división de poderes», es decir, «no se limitan a ocupar la posición que les corresponde constitucionalmente sino que tienden a ocupar y repartirse toda la organización estatal e, incluso, en buena parte se entrometen en la sociedad misma». Es preciso, abrir los partidos a la sociedad; hacerlos permeables a la ciudadanía y en particular a las generaciones emergentes; mejorar la democracia interna; vincular a los simpatizantes a la selección de líderes, etc. Pero para todo ello, no es necesario —no está siendo necesario, en realidad— cambiar «el sistema político».

Otro asunto es el sometimiento de instituciones que deberían proveerse por consenso parlamentario a la disciplina de los partidos: Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo de RTVE, etc. En este caso, la degradación proviene de la aplicación subrepticia y viciada del método de cupos. No es, pues, el sistema el que falla, sino la magnanimidad de los políticos, su compromiso con los valores democráticos, su sentido de la responsabilidad hacia una sociedad que los elige para lideren el autogobierno colectivo y no para que usurpen la voluntad popular. Lo que hay que hacer es establecer más mecanismos de control para que el desarrollo institucional no se tergiverse y ser mucho más exigente hacia una clase política que, en muchos casos, no siente todavía sobre el cogote la respiración airada de la ciudadanía.