EDITORIAL: Abusos en las lógicas garantías electorales

El sistema electoral español se configuró como hoy lo conocemos durante la Transición para intentar preservar una democracia que necesitaba las máximas garantías porque estaba envuelta en excesivas dudas de todo tipo. Se crearon entonces una serie de normativas que incluyeron aspectos tan polémicos hoy en día como la prohibición de publicar encuestas en los últimos días de las campañas o la obligatoriedad de respetar una jornada de ‘reflexión’ que no tiene comparación posible en muchas democracias homologables. Eran iniciativas para dar respuesta a unos tiempos concretos pero hoy las cosas han cambiado.

Y entre esas normativas que se han consolidado para los procesos electorales existe una que otorga quince días libres a los candidatos para poder participar activamente en la campaña. La ley otorga ese derecho pero resulta como mínimo cuestionable que sea aplicable de una manera tan generalizada en un país en el que existe un volumen tan importante de cargos públicos electos.

En el caso de las instituciones públicas el número de personas afectadas es realmente elevado. Y supone una carga económica muy gravosa para unas administraciones en las que se han recortado otros aspectos como las horas sindicales sin que nadie se haya decidido, al menos, a abrir un debate sobre si la ley es adecuada a la realidad que estamos viviendo. Y quizás sería cuestionable esa pérdida de jornadas de trabajo no realizadas —sólo en la provincia de León se superan las 4.600—, cuando las campañas han cambiado tanto con respecto a las que se vivían hace unas décadas.

La actividad preelectoral no se basa como hace 30 años en recorridos por todos los pueblos o barrios con constantes mítines, repartos de propaganda o pegadas de carteles. Hoy las campañas no exigen aquella extenuante dedicación que impedía hacer otra actividad a la vez.