OPINIÓN
EDITORIAL: Crece el ojo del ‘Gran Hermano’
Dar un paso sin que una de las cientos de cámaras instaladas en la capital capten los movimientos de los leoneses es prácticamente una misión imposible. La tupida red que estos aparatos de videovigilancia han tejido en la ciudad hacen ya de León un ‘Gran Hermano’ donde los delincuentes tienen difícil escapatoria, pero los ciudadanos se sienten incomodados ante tan exhaustiva vigilancia.
La sensación de mayor vulnerabilidad que la crisis ha traído consigo en estos últimos años tiene, entre otras consecuencias, una obsesión por la seguridad, que ya no sólo es cuestión de bancos, instituciones oficiales y lugares públicos, sino que se ha contagiado a las comunidades de vecinos, hartas en muchos casos de actos vandálicos en sus propiedades.
En los últimos tres años el número de cámaras instaladas se ha disparado un 85% y aquí, de nuevo, aparece una cuestión de difícil solución: ¿dónde está el límite entre la libertad y el derecho a la intimidad y la misión de preservar el orden y la seguridad?
Aunque la ley regula la función de estas cámaras y sus líneas rojas, aspectos como que el espacio vigilado debe estar indicado y que no se puede grabar la vía pública, en la práctica, en la vida cotidiana estos aparatos invaden el espacio ya de forma natural sin que los ciudadanos tengan derecho a replicar.
Bajo la bandera de la seguridad se incumple, en gran parte de los casos, la obligada proporcionalidad entre el objetivo que se persigue y el tratamiento posterior de los datos.