A vueltas con la deuda de San Andrés

E stamos acostumbrados a tener noticias sobre la deuda del Ayuntamiento de San Andrés manejando cantidades que nunca coinciden. En diciembre declaraba, alegremente, el exalcalde Chamorro que la deuda era de 135 euros por habitante, unos 4 millones de euros. Sin embargo, la cifra que arrojó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la deuda viva a 31 de diciembre del 2014 fue de 52.289.000 euros. IU de San Andrés hemos hecho un estudio exhaustivo, que puede consultarse en nuestra web (iusanandres.wordpress.com), donde hemos comprobado que la deuda se aproxima a los 78 millones de euros.

Cifras, como podemos comprobar, muy dispares. No es que no existan datos para conocer cuál es la deuda real. Sino que la mayoría de los casos se están interpretando los datos oficiales y las estadísticas según intereses personales o políticos de quien ha estado gobernando y se ve responsable de parte de la deuda generada. Por eso, el grupo político de IU de San Andrés del Rabanedo, nos hemos propuesto acabar con esta situación y demandamos una auditoría ciudadana de la deuda, que aporte cifras fiables e incontestables a los vecinos y vecinas del municipio, de una vez por todas. Pensamos que es imprescindible atajar el problema de la deuda, de la desinformación sobre las cuentas, y de la consiguiente parálisis presupuestaria que sufre el ayuntamiento ante el mantra constante de que no hay dinero. Para ello, primero debemos conocer y dar a conocer públicamente la deuda verdadera; segundo hacer propuestas de cómo abordarla de tal forma que no tengamos por qué hacernos cargo de la deuda ilegítima o abusiva la ciudadanía sino quien la generó y no admitir igualmente sistemas de financiación abusivos de la misma a través de préstamos de alto interés a los bancos; y tercero poner en marcha los mecanismos necesarios para que la deuda no vuelva a dispararse.

IU no estamos en contra de tener deuda si es necesaria para dar servicios a la ciudadanía. A la deuda no hay que tenerla miedo. Sólo tenemos que analizar nuestras vivencias, ¿quiénes no nos hemos endeudado para comprar un piso, o un coche, o…? Hay muchas cosas que ni los particulares, ni las Administraciones Públicas podrían lograr sin endeudarse. Otra cosa es que la deuda debe ser analizada, negociada en las mejores condiciones y sólo adquirida en los casos realmente imprescindibles para el bien común, no para hacer obras faraónicas o gastos innecesarios.

¿Tan difícil es conocer la deuda existente? No. Sólo es cuestión de voluntad política, de transparencia, pero, como ésta parece no existir, es imposible. Para conseguir esta transparencia en IU queremos saber lo que realmente se esconde en las cuentas de nuestro Ayuntamiento. Sabemos que debemos 48 millones de crédito ICO. Además de los créditos solicitados a los bancos, hemos de aclarar cuanto dinero se debe por aplazamientos a Hacienda y a la Seguridad Social. A ello debemos unir las Sentencias que no se han ejecutado y por tanto el Ayuntamiento debe ese dinero y los intereses que se van generando. No debemos olvidar la cuenta 413 en la que se anotan las operaciones pendientes de contabilizar en el presupuesto. Por supuesto las operaciones ya contabilizadas en los documentos contables D y O (los gastos que el Ayuntamiento se ha comprometido y se ha obligado a pagar). Para finalizar, esas facturas que están en los cajones y que se sacan al cabo de mucho tiempo.

En el momento en que se tengan claras las cuentas debemos estudiarlas detalladamente para saber cuáles son deuda legítima y se debe pagar y qué deuda es ilegítima y no la debe pagar la ciudadanía (en todo caso los responsables de haberla contraído). Nos referimos a la que se ha adquirido por despilfarro, que no supuso ningún beneficio para la ciudadanía ni para el bien común. Por ejemplo, la reprivatización del contrato de agua, que se realizó en el 2010 y que supone una deuda de un millón de euros al año.

O, por ejemplo, vernos obligados a pagar unos intereses por el crédito abusivos a la banca, 700.000 euros trimestrales, para afrontar la deuda que nuestro Ayuntamiento tiene, exigido por el plan de ajuste del ministro Montoro. Tan claro es que, este año de elecciones, el sr. Rajoy aprobó que los ayuntamientos no tuvieran que pagar en el 2015 los intereses, y decidió que los pagaría el Estado, es decir, entre todos. Y estamos hablando de que aún nos encontramos en los cuatro años de carencia, en los que sólo se pagan intereses y no deuda.

Pero, ni podemos ni debemos dejarnos engañar. Por ello, hacemos hincapié en la necesidad de conocer el origen de la deuda. En San Andrés ya sabemos que la gran deuda se originó durante las legislaturas del PSOE de Miguel Martínez y María Eugenia y la mala gestión del PP con Gregorio Chamorro como alcalde la aumentó. Ellos son los responsables de la situación caótica de nuestro Ayuntamiento.

Debemos ir más lejos, analizar cómo el Plan de Pago a Proveedores aprobado en el 2012 es una losa para las entidades locales, puesto que el crédito ha venido de la banca privada, ya que el tratado de Maastrich prohíbe al Banco Central Europeo prestar dinero directamente a las Administraciones. Lo que se traduce que mientras la banca privada, rescatada por el Gobierno, consigue el dinero a unos intereses irrisorios, se los prestan a los Ayuntamientos a grandes intereses.

IU proponemos que el Gobierno central rescate a los Ayuntamientos, si sólo en ayudas públicas directas dio 61.495 millones de euros a los bancos, ¿por qué no puede rescatar también a los Ayuntamientos?

Por supuesto, que no estamos diciendo regalar el dinero y dejar las manos libres para seguir haciendo lo mismo y en pocos años volver a estar arruinados. Es fundamental controlar el nuevo endeudamiento, no permitir que de la noche a la mañana afloren más de 43 millones de deudas escondidos, como pasó en San Andrés cuando el Gobierno obligó al plan de pago de proveedores. Se debe avanzar hacia procesos de auditorías públicas y de presupuestos participativos. Que el control esté en la ciudadanía y que quienes a sabiendas gestionen de manera no ética los fondos públicos tengan responsabilidades penales.