La legislatura acaba sin éxito en la reforma institucional

La décima legislatura de la democracia afronta su recta final en las próximas semanas y concluye sin que el Gobierno haya puesto en marcha uno de los objetivos que se había fijado: la reforma institucional. La grave crisis económica vivida desde 2007 en España abrió el debate sobre el exceso de instituciones y sobre el problema de competencias duplicadas que erosionaban las arcas públicas. Los llamados ajustes incluían esa posibilidad de rebajar la carga pública en aquellos elementos que no son relevantes para la ciudadanía, precisamente para aprovechar mejor los recursos y destinarlos hacia los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Pero la realidad es que ni el Gobierno se ha atrevido a ahondar en esa reforma institucional ni tampoco se ha visto ayudado por un contexto político en el que el PSOE ha vivido una de sus peores crisis internas, lo que complicaba sus posibilidades de atreverse a firmar los imprescindibles pactos que avalasen una operación de tanto relieve como la que se necesita desde hace tiempo.

La empresa privada, las asociaciones de todo tipo e incluso las organizaciones no gubernamentales han tenido que reestructurar sus organigramas. Y llama la atención que en el mundo de lo público las reformas hayan sido mucho menores, limitadas a aspectos concretos, a pesar de que donde sí se ha apostado por ellas —como en Castilla y León con los pactos políticos o con los agentes sociales— los resultados han sido muy importantes. No es cuestión de reducir empleos públicos —han bajado un 1% frente al 16% de los sectores privados—, se trata de eliminar lo superfluo.

Ahora está sobre la mesa la reforma constitucional. Y uno de los aspectos que debería incluir sería una reordenación que clarifique y reste costes a la administración española. El caso de las sociedades que hacen trabajos en principio destinados a funcionarios es quizás el más evidente. El despilfarro ya no es admisible y debería evitarse.