Puertas giratorias

El sector minero y quienes están implicados en la política energética andan susurrando qué va a pasar ahora con el varapalo de la Audiencia Nacional al Gobierno tras negarle las ayudas a CMC y Uminsa. Un empecinamiento que no sólo arrastró a las empresas del grupo Alonso (y con ellas a sus trabajadores, las familias y las comarcas, sin piedad); sino a otras mineras que, sin músculo financiero para resistir, acabaron claudicando al despropósito que vive el sector en los últimos años. Y que sólo amenaza con seguir sumando esperpentos.

No son los cincuenta millones de euros y sus intereses. Sino sus réditos empresariales, humanos y sociales. ¿Cómo se vuelve atrás cuando se ha ejercido con saña la política de tierra quemada? ¿En qué limbo se estancan las responsabilidades y quienes tienen que exigirlas? ¿Cómo resarcir de todo cuanto está ocurriendo?

Hasta ahora la minería pensaba que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, de ahí la indolencia gubernamental al negar sin miramientos compromisos firmados, o al menos amortiguadores sociales para quienes hace ya mucho que han perdido la esperanza, pero siguen teniendo que financiar sus vidas e inventar un futuro para sus hijos.

Pero no. En esta afrenta siempre hay más. En la misma semana en la que la Audiencia Nacional hace pública la negligencia del Gobierno y desbarata los insostenibles argumentos pergeñados para ejecutar vendettas personales que castigan sxobre todo a miles de personas que no tienen que ver con ellas, la participada Red Eléctrica Española hace público el rimbombante fichaje de Ignacio Grangel como vicesecretario general. En el sector eléctrico el escándalo está siendo mayúsculo, porque apenas siete meses después de su cese en el Ministerio de Industria la empresa ficha por todo lo alto a uno de los artífices de la polémica reforma eléctricca.

En el sector minero la puerta giratoria escuece el doble. Granjel, hasta febrero director de gabinete del secretario de Estado de Energía y abogado del Estado, fue también el artífice de la rocambolesca argumentación jurídica que perpetró la denegación de ayudas a las empresas mineras que ahora la justicia ha echado por tierra. En el año 2012 alzó la voz retando a quienes cuestionaban sus razones. Hoy, en lugar de asumir responsabilidades, asume nuevo cargo por otras... cuestiones.

El insulto al carbón no tiene límite.