TRIBUNA
Cuentas generales en San Andrés del Rabanedo
E l Gobierno de San Andrés del Rabanedo ha presentado la Cuenta General del 2014, es decir, la situación económica desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No se trata de analizar la gestión que el entonces gobierno Popular hizo durante ese año. Gestión que, para Izquierda Unida fue nefasta. Solo un dato como muestra: mientras el Ayuntamiento tiene pendiente de cobrar, según la documentación aportada, 8.047.153,02 euros, en julio de este año se tuvo que aprobar una modificación del Plan de Ajuste por valor de 6.440.484,87 euros para poder pagar una serie de sentencias pendientes. Modificación que deja en una situación muy precaria al municipio, al tener que adquirir unos compromisos de austeridad, que de ser cumplidos, ahogarían al Ayuntamiento. Si ese dinero se hubiera cobrado no sólo se habrían pagado las sentencias sino que se tendría superávit.
Pero al margen de esa nefasta gestión conservadora del equipo de Gregorio Chamorro, lo que se debatía en el pleno de septiembre era la parte técnica de la Cuenta General. Dos asuntos cruciales para saber si son datos fiables: primero si esta cuenta que se presentó es fiel reflejo de la situación económica del Ayuntamiento durante 2014. Segundo, si se realizó de acuerdo con las prescripciones normativas vigentes. Por lo tanto, si la ciudadanía de San Andrés puede saber a ciencia cierta el estado de cuentas del municipio y puede fiarse de sus representantes.
No se estaba votando, pues, ni a favor ni en contra de la gestión de los gobiernos socialista ni popular. Sino sobre cómo el gobierno popular elaboró la Cuenta y cómo el gobierno del PSOE la presenta para su aprobación.
Lo primero que sorprende es que no es cierto que el Ayuntamiento tenga derechos pendientes de cobros de más de 8 millones de euros. Este dato no está «depurado». El problema es que las deudas prescriben, y en estos 8 millones de euros existen derechos de cobros por parte del Ayuntamiento que ya han prescrito porque no se cobraron en el período de tiempo establecido. Por lo que, Izquierda Unida y la ciudadanía de San Andrés del Rabanedo, seguimos sin saber cuánto dinero el Ayuntamiento puede reclamar a sus deudores. Pero tampoco son fiables los datos de gastos que aparecen. Por ejemplo, existen facturas del concesionario de agua por un valor de más de 4.500.00 euros que son devueltas automáticamente, no siendo pagadas ni contabilizadas en la cuenta 413. No es una cantidad despreciable para cerrar los ojos.
Otro grave problema es el plan de pago de proveedores. Todos sabemos que este municipio no cumple los plazos de pago a proveedores que establece la Ley. Por eso buscamos el «arqueo» de dicho plan, para comprobar como evolucionó a lo largo de 2014 y para extrañeza nuestra tampoco se ha reflejado.
Izquierda Unida nos planteamos ver si, por lo menos, la «recaudación» de este período está clara. Si nos podemos fiar de lo que se dice que hemos ingresado, o tenemos derecho a ingresar. Buscamos la «cuenta de recaudación» firmada por la persona responsable. Pero nos encontramos con que «no existe dicha cuenta», porque ningún técnico responsable da fe que los datos, que allí se muestran, son veraces.
Vista la falta de fiabilidad de los datos presupuestarios de la Cuenta, decidimos pasar a comprobar que, por lo menos, se haya «formado» (elaborado) por quien la tiene encomendada, la Intervención. Sin embargo, la tarea de «información» se encargó y la confeccionó el servicio de contabilidad, lo que hace que el informe del Interventor «tiene carácter descriptivo de las distintas obligaciones legales… sin que pueda ser explicativo de los procesos desarrollados para su elaboración». Izquierda Unida no entiende por qué no se encarga a la Intervención que confeccione toda la información y así después pueda informar sobre el cumplimiento de todas las obligaciones legales.
Seguimos avanzando en el análisis e intentamos comprobar si se ha contado con los grupos de la oposición en todos los pasos donde tenemos el derecho a participar. Cuando el Alcalde aprueba la «Liquidación del Presupuesto», tiene la obligación legal de remitirla al primer Pleno que se celebre. El alcalde del PP aprobó dicha Liquidación el 21 de mayo y el siguiente Pleno fue el de investidura. Se han celebrado otros tres plenos más y en ninguno de ellos se ha tratado el tema.
Se podría seguir desentrañando y pormenorizando más irregularidades, pero las enunciadas ya dan una idea clara de la poca responsabilidad con lo que los diferentes gobiernos de nuestra localidad se toman la contabilidad y la transparencia.
Para IU es muy grave que no se pueda ni siquiera certificar que las cuentas que nos presentan son veraces.