Más allá del conflicto

D esde el momento en que el nacionalismo moderado catalán, que forma lógicamente el bloque independentista mayoritario, decidió emprender la vía de la desobediencia civil, de la rebelión frente al sistema establecido, la causa del independentismo estaba derrotada porque, si se acepta que la independencia de un territorio es algo que en realidad otorga la comunidad internacional, resulta evidente que ni la Unión Europea ni el conjunto de los países occidentales reconocerán una secesión basada en la ruptura del estado de derecho.

Quiere decirse, pues, que no hay que alimentar demasiada preocupación por el desenlace del ‘proceso’, que ya está predeterminado. Sí, en cambio, es inquietante el precio que habrá que pagar por la gran veleidad del soberanismo.

El Partido Popular, que ha gobernado cuatro años con mayoría absoluta, no ha creído necesario abrir vías políticas para intentar reducir el enfrentamiento y detener a priori la deriva independentista; la realidad es que el nacionalismo tampoco ha dado facilidades a la representación del Estado para explorar una posible negociación. Y el gobierno de Rajoy sólo ha recabado apoyo político cuando se ha producido el gran estallido final, a apenas dos meses de las elecciones generales del 20-D (en realidad, Artur Mas pretendía esta contigüidad cuando convocó las elecciones catalanas para el 27-S, en una fecha cercana al fin del cuatrienio).

De momento, tras la convocatoria de Rajoy a los partidos y a los agentes sociales, las grandes fuerzas democráticas han suscrito un pacto tácito de defensa de la legalidad constitucional y de la unidad de España. PP, PSOE y Ciudadanos, con el ocasional e incompleto apoyo de Podemos en ‘Catalunya si que es pot’, se han opuesto también en Cataluña a las iniciativas del soberanismo. Pero si hay coincidencia en tal oposición a la ruptura y a la ilegalidad, no existe el menor atisbo de una estrategia conjunta para restañar las heridas una vez concluida la brega y detenida la hemorragia. El PSOE propone explícitamente una reforma constitucional que, mediante el salto federal, debería ofrecer a Cataluña un aterrizaje cómodo en un nuevo escenario territorial. Ciudadanos no está lejos de esta postura pero el PP no dado la menor impresión de que podría adherirse a la idea.

No parece posible que, en el actual momento preelectoral, las fuerzas políticas estatales elaboren un gran pacto constituyente. Pero será muy difícil eludirlo a posteriori si se cumple la previsión de que el próximo gobierno habrá de ser de coalición. Si se consigue aunar voluntades en este sentido, aún habrá que buscar los cauces del diálogo con una Cataluña que, después del delirio de sus lideres, se está quedando sin portavoces, en un previsible erial político en el que habrá que recomenzar desde abajo la mayoría de los discursos.