Un plan para las cuencas que arranca con demasiado recelo

Mes y medio tardó el Gobierno en convocar el grupo de trabajo que se encargará de «abordar la situación actual de las comarcas mineras» desde que el 29 de septiembre Mariano Rajoy anunciase en León su creación. Lo hizo como respuesta a la andanada lanzada in situ —en el acto oficial de inauguración del AVE— por el presidente de la Junta a propósito de los incumplimientos del Ministerio de Industria en relación con el carbón.

Arranca esta convocatoria para el lunes no desde Industria, sino del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin más detalles que los citados son los secretarios de Estado de Energía y de Presupuestos y Gastos y los consejeros con responsabilidades en el área de las tres comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Asturias y Aragón. Es decir, sin representación directa de las cuencas, por ejemplo a través de los municipios mineros.

Y lo hace con la petición de la Junta de 125 millones de euros de inversión y con la inquietud que transmite la convocatoria por la oportunidad de las fechas, con las elecciones a la vista. Demasiados recelos sobre un plan para el que Rajoy únicamente prometió «fondos adicionales» dos líneas más abajo en un discurso leído en el que daba por finiquitado el carbón. Ojalá las sospechas no se confirmen, pero los precedentes no pueden ser peores no sólo en relación con los sucesivos incumplimientos del Plan del Carbón y del decreto de garantía de suministro a las térmicas, sino también de los de reindustrialización de las cuencas, de cuyos fondos no se tienen noticias desde el año 2013. O del pago a la Junta, por parte del Instituto del Carbón, de los 55 millones de euros que adelantó para el desarrollo de proyectos de infraestructuras. Harían bien Rajoy y su Gobierno en atender la sugerencia de Herrera y el clamor del sector y de las cuencas mineras: que paguen lo que deben.