EDITORIAL: Administración y morosidad: una batalla todavía por ganar
El desplome de los ingresos públicos como consecuencia de la recesión supuso la limitación por ley a las administraciones de la posibilidad de contraer nuevas deudas a largo plazo para financiar gasto corriente, las líneas de liquidez no habían resuelto la morosidad en las operaciones comerciales y las empresas acumulaban tanto retraso en los cobros que incluso se veían abocadas a la quiebra. La situación era insostenible cuando en 2012 el Gobierno impuso el Plan de Pagos a Proveedores, que posibilitó el abono en tres fases de más de ocho millones de facturas a 190.800 proveedores por importe de más de 41.800 millones de euros. El establecimiento de ese mecanismo en un contexto de crisis es, probablemente, la medida puesta en marcha por un gobierno que menos contestación ha recibido por parte de la oposición política y de la opinión pública.
Se conocen hoy los datos oficiales revelados por Hacienda respecto a los nueve primeros meses del año y relativos a la provincia que, aunque acumula 25 millones de deuda a los proveedores, en términos generales está por debajo de la media en la obligación de pago a 30 días: poco más de 28 frente a 55 de las comunidades autónomas, por ejemplo. Además, de los 95 ayuntamientos que pagan en el plazo establecido, 60 lo hacen en menos de quince días. El el extremo opuesto está el Ayuntamiento de San Andrés (214 días) y en muy mala posición el de la capital, que no sólo tarda (más de 57 días), sino que además acumula casi once millones de euros en facturas pendientes de pago.
La morosidad es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el tejido empresarial y afecta desde las grandes empresas hasta los autónomos. El retraso en los pagos, sobre todo de las instituciones públicas, genera problemas en la progresión en empresas de difícil recuperación, lastra la salida de la crisis y, sobre todo, es ilegal y profundamente injusto.