Es necesaria una reforma electoral

C uando los expertos de la Unión de Centro Democrático —el partido formado por Adolfo Suárez para desarrollar la Transición—, en connivencia con el aparato del PSOE, idearon el sistema electoral vigente para el Congreso de los Diputados —un modelo proporcional corregido mediante la ley d’Hondt, con circunscripciones provinciales y listas cerradas y bloqueadas—, pretendían matar varios pájaros de un tiro: por un lado, querían poner orden en la inmanejable sopa de letras que surgió en el escenario político de la transición, dando cabida en el futuro parlamento a dos grandes partidos, al Partido Comunista de España y a las minorías nacionalistas catalanas y vascas; y por otro lado, conscientes de la debilidad de los partidos políticos, faltos de tradición en la España de la época, querían reforzar el ascendiente del aparato dirigente sobre las organizaciones, reservándoles la confección y el pleno control de las listas.

Aquella normativa electoral, dictada en su momento por decreto-ley y convertida mucho más tarde en ley orgánica, que todavía está en vigor, introduce distorsiones que si en un cierto momento se consideraron aceptables, hoy nos parecen un monumento insostenible a la inequidad. En las pasadas elecciones generales, sin ir más lejos, cada escaño del Partido Popular costó 59.000 votos; del Partido Socialista, 61.000; de Podemos, 75.000; de Ciudadanos, 87.000 y de Izquierda Unida, 461.000. Asimismo, las listas cerradas y bloqueadas, que han cercenado la democracia interna de los partidos, son hoy consideradas una de las causas principales del desprestigio de los viejos partidos tradicionales.

Como es lógico, los partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, impondrán en cuanto puedan la reforma electoral. Será sin duda un cambio saludable, siempre que se tenga en cuenta que este asunto es materia constituyente y que la mudanza ha de llevarse a cabo con un consenso amplísimo, que abarque a todas las fuerzas significativas del país, incluidas las minorías nacionalistas. En todo caso, como demostró el sociólogo Duverger, la ley electoral determina el modelo de sistema parlamentario y el alcance del pluripartidismo, por lo que será necesario que manos expertas participen en el debate.