EDITORIAL: Oficinal Municipal de Vivienda: ni una familia más en la calle

A instancias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de Stop Desahucios, el pleno del Ayuntamiento de León aprobó ayer la creación de la Oficina Municipal de Vivienda, cuya labor prioritaria habrá de ser la de poner a disposición de los ciudadanos en riesgo de exclusión un parque municipal de viviendas para dar cobertura a familias desahuciadas. Inicialmente serán doce, cedidas por el Sareb y por el Fondo Social de Vivienda de la Junta. Pero entre sus funciones también estarán la de crear un censo de viviendas vacías para poder alojar a personas sin recursos y la de evitar, mediante la negociación con las entidades bancarias, que familias con problemas económicos sean desalojadas de viviendas que sean únicas y habituales en tanto no se les de otro cobijo.

Además desempeñará un papel de intermediación a la hora de determinar el precio del alquiler de la vivienda, que se hará en función de la capacidad económica de la familia, pero que en ningún caso podrá superar el 30% de sus ingresos. La moción, como es lógico, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, y se desarrollará de inmediato.

Aunque tarde, porque debería haberse hecho con mucha anterioridad, a la actual corporación municipal hay que reconocerle en este caso su capacidad de respuesta a una inquietud social, a un problema y a un derecho ciudadano. Hay que recordar que, según el artículo 47 de la Constitución, todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Sin embargo, eso no se estaba cumpliendo y centenares de miles de familias habían sido desahuciadas por las mismas entidades financieras que provocaron la crisis y que fueron rescatadas con dinero público. Parece intolerable que, mientras eso sucedía, hubiese centenares de pisos vacíos que no están cumpliendo esa función social. Era una cuestión de derecho, pero también de justicia y dignidad.