Gestión de investigación y transferencia en la ULE

N o es mi intención inmiscuirme en el proceso electoral a rector de la Universidad, del cual estoy totalmente desligado, por lo que lamento tener que remitir este escrito para precisar algunas afirmaciones que el candidato Juan Francisco García Marín realiza en su Tribuna ‘¿Qué Universidad queremos?’, del día 5. Por ello, me referiré únicamente a las áreas de Investigación y Transferencia, que han sido asuntos de mi competencia desde 2008.

Afirma que «no se ha facilitado la labor de los investigadores, sino que cada vez se han puesto más trabas administrativas». Debo admitir que ha sido necesario precisar y complementar algunos aspectos de la normativa interna de la ULE que regula la gestión y tramitación de proyectos, contratos y convenios de investigación, pero el reglamento es el aprobado por el Consejo de Gobierno del 27 de enero de 2006 y que recoge los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Las precisiones y ajustes, tales como mayor exigencia en la descripción y justificación de los gastos de viajes y dietas o los cambios en los mecanismos de contratación de personal investigador, se deben a las modificaciones de los cambios legislativos y administrativos externos, a los que las universidades están sometidas. Valgan como ejempos la ley Ede la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la de impulso de la factura electrónica o la creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Pero las tareas más laboriosas y penosas para investigadores y gestores administrativos han sido las exigidas por el Consejo de Cuentas de Castilla y León y, particularmente, por los gestores gubernamentales de subvenciones para la I+D+i y por los auditores externos de los programas Feder, para la justificación de los gastos de todos aquellos proyectos financiados con fondos nacionales, autonómicos o con fondos del Feder. La acumulación de trabajo administrativo para esas justificaciones, cuya pormenorización sobrepasa en mucho lo razonable para asegurar un uso correcto de las subvenciones públicas, ha saturado los recursos de los servicios de gestión de la investigación, no solo de la ULE sino de la mayoría de las universidades públicas, hecho que ha sido puesto de manifiesto repetidas veces y de forma pública por la Conferencia de Rectores.

Dice también: «No existe una transferencia eficaz de la investigación hacia la sociedad, entre otras cosas porqué la oficina encargada de ello cuenta con una sola persona.» Está en lo cierto de que la ULE únicamente cuenta con una técnico de la Oficina de Transferencia de Resultados de la investigación (OTRI), que era la que estaba en 2008. Ningún servicio administrativo de la ULE se ha ampliado desde entonces. Desde el Vicerrectorado de Investigación se tomaron iniciativas para reforzar el OTRI. Algunas con éxito y otras sin él, pero no con desidia ni con inacción.

Para facilitar las cosas se publicaron en la web investigadores de la ULE diversos modelos estandarizados, en castellano y en inglés, de contratos de transferencia y de prestación de servicios técnicos.

Creo importante resaltar que en el periodo 2008–2015, a pesar de la crisis económica, la OTRI ha tramitado más de 1.700 nuevos contratos, además de 33 solicitudes de patentes (frente a las nueve que se habían tramitado en el periodo 1995-2007) y de 35 solicitudes de Propiedad Intelectual (anteriormente no había).

Y en referencia a «la falta de mantenimiento y de reposición de aparatos y equipamientos científicos y docentes», debo indicar que el Consejo de Gobierno, del que forma parte, ha sido informado de la inversión de 8,4 millones de euros en el periodo 2008-15 en nuevos equipamientos de I+D+i y de dos millones en mantenimiento y reparación. Ciertamente, la situación de la ULE en I+D+i debería ser mejor que la actual y, probablemente, lo sería sin la crisis y el déficit de 21 millones de euros que hubo que cubrir.