Los planes de ajuste: el asalto a la democracia

L os planes de ajuste estructural llegan. Llegan de forma sumativa y acumulativa. Se van sumando unos a otros. Los que hacen las administraciones locales a los que hacen las administraciones autonómicas. Y éstos a los de la administración estatal. Todos ellos tienen un único objetivo: ir reduciendo los servicios públicos, el personal que los presta, subir los impuestos y tasas, así como el aumento de las tarifas para poder acceder a ellos y empujar hacia la privatización de los mismos.

Los planes de ajuste no son hechos aislados, sino que son un instrumento para imponer determinadas políticas. Obligan a entrar en un marco de debate donde lo que se plantea no es salir de ese marco, sino ver qué servicios se recortan a la ciudadanía. No se revisa si es justo o no ese plan de ajuste, solo se piensa en cumplirlo.

El pago de la deuda y sus intereses han tomado el poder en el gobierno de las administraciones de la mano del ministro del PP, Montoro, y del acuerdo de este partido con el PSOE, modificando el artículo 135 de la Constitución. Este artículo estableció que hay que dedicar el poco dinero público que ha quedado, tras rescatar a los bancos, a pagar la deuda y sus intereses…, a esos mismos bancos y a sus juntas de accionistas, antes que dedicarlo a lo que habíamos decidido democráticamente la ciudadanía: a educación, a sanidad, a servicios sociales, a correos, a transporte público, a becas, a implantes cocleares, a ayudas para la autonomía, etc. Estos planes de ajuste estructural, que nos han impuesto, no son decisiones estrictamente económicas, sino que responden a unos principios y a una ideología clara: la neoliberal. Más mercado (el suyo), menos Estado o menos cobertura pública de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas (el nuestro).

El pago de la deuda es la justificación, pero los planes de ajuste estructural tienen otros objetivos. No se trata solamente que paguemos el capital y los intereses que correspondan, que las administraciones municipales lo hacen y lo harán, sino que exigen unos compromisos políticos para ahora mismo y de aquí a 20 ó 30 años. Y este es el verdadero objetivo de los planes de ajuste estructural, imponer una determinada política a todos los niveles para el presente y para el futuro.

Es tan inconcebible como si cualquiera de nosotros o nosotras pidiera un crédito y en las condiciones además del interés que se tiene que pagar y de la devolución del capital que nos prestaron, nos exigieran vender los muebles, echar a los trabajadores y trabajadoras, que tú hijos e hijas no estudien, etc., aspectos que no tienen nada que ver con el pago de la deuda y los intereses.

Pero además y quizás lo más grave es el asalto a la democracia que traen consigo. Hasta recientemente solo el pleno de concejales a nivel municipal, es decir el órgano donde están todos los representantes elegidos por la ciudadanía, tenían capacidad para aprobar o no los presupuestos municipales. Actualmente, si el municipio tiene un plan de ajuste estructural, el PP y su legislación, con el acuerdo del PSOE, establecen que en estos municipios ya no debe respetarse este principio político básico, ya no hace falta que esos presupuestos sean aprobados en pleno. Han establecido que con que se aprueben en junta de gobierno es suficiente. La Junta de gobierno no es pública, no se publican sus actas y no hay más que una sola voz: la del equipo de gobierno.

Las implicaciones que tiene esta imposición son fundamentales para la democracia tal y como la hemos construido y aceptado. La democracia representativa ha sido asaltada por la deuda. Si tienes deudas y un plan de ajuste, hay que salvar ante todo el plan de ajuste de las decisiones políticas que puedan ser contrarias al mismo y hurtar el debate en el espacio y en el órgano fundamental para ello el Pleno de los ayuntamientos. Han secuestrado la democracia para servir al mercado. Esta es la filosofía que han pactado y que nos imponen con total impunidad.

Un ejemplo de la gravedad de este hecho es lo sucedido en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. El equipo de gobierno PSOE-PAL, con la aprobación de Sr Montoro del PP, han suprimido la democracia y no llevan a pleno los presupuestos para el año 2016. Los aprueban “ellos consigo mismo”, en Junta de Gobierno Local. Evitando la presión pública que suponen los debates en el Pleno Municipal, abiertos a la ciudadanía y con la presencia de los representantes de toda la ciudadanía. Lo hacen de urgencia y de tapadillo. Luego critican que Izquierda Unida denuncie estas prácticas antidemocráticas.

Secuestran la capacidad de decisión de quienes han sido elegidos democráticamente para mejorar la vida de la gente, ya que la vida de la gente y la atención a sus necesidades se hace, especialmente, a través de los presupuestos municipales, autonómicos y nacionales. Nos convierten en siervos de los mercados, dedicados a trabajar y pagar impuestos para que los grandes banqueros y financieras sigan enriqueciéndose.

Los planes de ajuste son el asalto y sometimiento de la democracia a la esclavitud de una deuda y unos intereses desmesurados que hipotecan nuestra vida y nuestra capacidad de decisión sobre el futuro que queremos para nosotros y nosotras y las futuras generaciones. Debemos rescatar la democracia de los intereses de los mercaderes y de aquellos partidos políticos que se han convertido en sus servidores, plegándose a ser meros gestores de sus intereses. De ello depende el futuro de la democracia y del modelo social en nuestros Ayuntamientos y en nuestro país.