Última oportunidad para el carbón

D urante los últimos cuatro años y medio, León ha perdido 18.500 habitantes y los afiliados a la Seguridad Social se han reducido en 10.400 trabajadores y autónomos. Estas dos cifras resumen la catástrofe demográfica, económica y social que está asolando esta provincia. La emigración obligada de los jóvenes, la falta de alternativas reales a la desertización y al envejecimiento son una realidad indisimulable a pesar de la propaganda oficial. Habitualmente se menciona la crisis como la causa de todos los males que nos aquejan. Pero eso, a estas alturas, no llega ni a media verdad.

La recesión que estalló en 2008 afectó decisivamente al sector financiero y reventó la burbuja de la construcción residencial. Sin embargo, la recuperación de aquella recesión fue rápida en Estados Unidos donde se implementaron estímulos a la demanda. En cambio, en Europa no se ha salido de ella porque la derecha mayoritaria (con el apoyo pleno del PP español) impuso políticas de austeridad, absolutamente erróneas y crueles con los más desfavorecidos y menos responsables de la crisis. Ahora, hasta Margallo reconoce que se “pasaron cuatro pueblos” con la austeridad y la devaluación interna, pero ni asumen sus responsabilidades, ni siquiera piensan cambiar de rumbo.

En León, además de la austeridad de escala nacional, se nos impusieron penas mucho más graves sin relación alguna con la crisis. Tales han sido la ralentización o paralización de todos los proyectos iniciados y previstos por el anterior gobierno socialista: Plataforma logística de Torneros, integración ferroviaria en León, autovía Ponferrada-Orense, Feve, Centro de Control del AVE, Ciuden, Ciudad del Mayor, vía rápida a Oporto…

Pero la mayor agresión fue el asesinato de la minería, planeado y perpetrado por el PP con la plena colaboración de las eléctricas. Mientras el Ministerio bloqueaba las ayudas que había firmado en 2013, las centrales dejaban de comprar carbón leonés y multiplicaban el consumo de carbón importado. El objetivo era y es acabar con la minería cuanto antes para evitar que otro gobierno consiga de Europa un nuevo plazo. Ese fue un logro del Gobierno Zapatero en 2010, que permitió retrasar de 2014 a 2018 la fecha del fin de las ayudas.

El estrangulamiento de la minería del carbón ha afectado a 2.500 trabajadores directos, muchos más indirectos (transporte, talleres, etc.) y todos los inducidos que son la inmensa mayoría de los existentes en las comarcas mineras. El efecto brutal ha llegado hasta el comercio y los servicios de León y Ponferrada que se encuentran bajo mínimos. Existe todavía una última oportunidad para salvar parte de la minería de carbón, porque las centrales térmicas están funcionando y las explotaciones paradas todavía no se han deteriorado y se pueden poner en marcha. León necesita que el próximo gobierno lo haga. Sin embargo, ahora, además del PP, aparecen nuevos enemigos de la minería: Podemos e IU que públicamente se han negado a firmar el razonable y sensato documento promovido por Carbunión, CCOO y UGT dentro de un horizonte de transición energética.

En realidad Podemos se ha quitado definitivamente la careta con la que se presentaba en León mientras parloteaba palabras deliberadamente engañosas. Ya en sus famosos Ejes programáticos para un gobierno de cambio (presentados el 17 de febrero pasado) incluía la siguiente medida: Fin de las ayudas al carbón doméstico. Cierre de las centrales de carbón (página 55). Así, sin más paliativos ni anestesia para, por ejemplo, Ponferrada y La Robla. Quien pudiera albergar alguna duda sobre tal propuesta tenga en cuenta el siguiente hecho: el pasado 17 de abril se celebró Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados donde se debatió una proposición de Foro Asturias (con adiciones del PSOE) en defensa del carbón nacional. En esa sesión, tras una intervención confusionista de su portavoz, Jorge Luis Bail (puede consultarse en el Diario de Sesiones), los ocho miembros de Podemos votaron siete veces seguidas (7) contra cada una de las siete medidas propuestas que se pueden resumir así: incentivar el consumo de carbón autóctono frente al de importación; céntimo verde; asegurar la supervivencia de lo rentable después de 2018; evitar la devolución de las ayudas en 2018; modernizar la centrales térmicas hasta alcanzar cero emisiones, y asegurar una reserva estratégica de carbón autóctono para hacer frente a futuros energéticos imprevistos.

Por lo tanto no hay sorpresa en la negativa de Podemos a la firma del Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras. Simple y descarnadamente han calculado que hay más votos que apañar entre los ecologistas de las grandes urbes que en las provincias y comarcas mineras. Ahora bien, sí ha sido completamente inesperado el comportamiento de IU que ha renegado de su historia y de su cultura respecto a la minería para convertirse en un mero satélite sin personalidad política propia.

Una nueva pinza de PP, Podemos e IU se cierne contra el carbón leonés y contra el futuro de las centrales térmicas de Ponferrada y La Robla. Patronal, sindicatos, gobiernos regionales y otros partidos políticos como el PSOE, ven y reclaman al próximo gobierno una última oportunidad. Porque depende únicamente y exclusivamente del próximo gobierno. Eso también está en juego en las urnas del próximo 26 de junio.