Hoja de ruta en punto muerto
E l pasado debate sobre el estado de la Comunidad autónoma ha deparado más incertidumbres que certezas sobre el rumbo de Castilla y León. Un año después de que la Junta y la oposición emprendieran una hoja de ruta basada en cuatro pactos, aquella inicial voluntad de consenso ha decaído ostensiblemente.
De entrada, la relación entre el PP y Ciudadanos, el partido que posibilitó la quinta investidura de Juan Vicente Herrera, está seriamente deteriorada. El partido de Albert Rivera considera defraudada la confianza depositada en el presidente Herrera, especialmente en cuanto a los compromisos contraídos en materia de regeneración democrática. La actitud del grupo popular aplicando en la práctica el rodillo parlamentario en las dos comisiones de investigación abiertas en las Cortes está en el origen de esa creciente quiebra de confianza.
A mayor abundamiento, Ciudadanos se siente ninguneado incluso en la gestión de las enmiendas a cambio de las cuales apoyó los Presupuestos de la Comunidad, razón por la cual se ha abstenido sobre el plan de dinamización de los municipios mineros, elaborado precisamente en cumplimiento de una de esas enmiendas.
Las acusaciones socialistas, cada vez más directas y personales, en materia de corrupción han tensado como nunca la relación entre el primer grupo de la oposición y el gobierno autonómico. Y ello cuando el concurso del PSOE resulta imprescindible para sacar adelante el mapa rural de la Ordenación Territorial, objetivo absolutamente prioritario para la Junta y cuya aprobación requiere la aprobación en las Cortes por mayoría cualificada de dos tercios. Frente a la urgencia que quiere imprimir el PP, todo indica que los socialistas van a hacer pasar las de Caín al gobierno Herrera antes de dar el sí definitivo a dicha ordenación.
En vía muerta está la reforma del Estatuto de Autonomía y, lo que es peor, el pacto para la reindustrialización que impulse un nuevo modelo productivo. El consenso para defender una posición de comunidad en materia de financiación autonómica es el único de los cuatro pactos que ha salido adelante (solamente hubiera faltado que no estuviéramos de acuerdo a la hora de reclamar mayores recursos del Estado).
Entretanto, el INE ha cuantificado en 23.209 los habitantes perdidos en 2015, certificando un desplome demográfico que no parece tener suelo. Tras siete años consecutivos perdiendo población, somos ahora 108.651 menos que en 2009. Y nada indica que la tendencia se vaya a invertir.