Diario de León
Publicado por
LA VELETA ANTONIO PAPELL
León

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L a cuestión de las puertas giratorias —el acomodo en la esfera privada de los políticos que abandonan la tarea pública— no está resuelto completamente en nuestros país democráticos. Hay normas en la mayoría de los países pero en muchos aspectos este asunto es sobre todo un problema de actitud moral. Y con frecuencia la polémica es inevitable. Tal es el caso del fichaje de Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea, por Goldman Sachs como presidente no ejecutivo. La noticia no pasó inadvertida para la Defensora del Pueblo de la UE. Emily O’Reilly, le preguntaba Juncker tres cuestiones: 1.-¿Qué medidas ha tomado o va a tomar la Comisión para asegurar que el fichaje d está de acuerdo con el artículo 245 del Tratado de la Unión, que pide a los Comisarios que, una vez cesan en su cargo, actúen con integridad y discreción al aceptar ciertos nombramientos o beneficios? 2.-Dado que el Código de Conducta establece que los Comisarios deben notificar cualquier nombramiento dentro de un periodo de 18 meses después del cese, y que Barroso cumplió con ese obligación, la Defensora del Pueblo se pregunta si no habría que modificar esta regla y estudiar el asunto caso por caso. Y 3.-Puesto que el propio Barroso ha declarado que una de sus tareas será aconsejar sobre la estrategia ante el Brexit, ¡cómo asegurará la Comisión que en las negociaciones Barroso actúa con integridad y cuál será la relación de los representantes de la UE con él? Una semana después, Jean-Claude Juncker ha respondido por escrito a la Defensora, y en su carta explica que ha pedido «aclaraciones» a Durao Barroso sobre su contrato, y que solicitará un dictamen al Comité Ético. Además, se dejará de considerar a Barroso como un expresidente, lo que supone que dejará de tener acceso franco a la Comisión -desaparecen sus privilegios protocolarios- y será tratado como un lobista, y sujeto por tanto a los pertinentes controles. Será interesante conocer el dictamen del Comité Ético, que debería iluartrar sobre el fondo del problema, lo que ayudaría a establecer normas en los niveles inferiores, en la Unión Europea y en los estados miembros. No será fácil hallar un equilibrio entre los intereses generales. En general, ha de ser posible que un ciudadano vaya durante un tiempo a la política sin ver por ello truncada su vida laboral ni su desarrollo profesional e intelectual. Pero este proceso ha de desarrollarse con transparenciua y sentido común.

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