Sobre los límites de la inmunidad

Este país extremoso viaja con frecuencia suicida del cero al infinito. Y así, de registrar a más de siete mil aforados en nuestro sector público, un récord absurdo que no tiene parangón en democracia alguna, está pasando a pretender que no quede ninguno, ni siquiera los diputados y senadores que disfrutan constitucionalmente de inmunidad por el hecho de serlo. Lo cual es, seguramente, un disparate. La inmunidad parlamentaria nació históricamente como defensa de los representantes del pueblo frente al monarca con propensiones autoritarias que pretendía utilizar el subterfugio de librarse de un parlamentario incómodo acusándole de un delito. Es evidente que los tiempos han cambiado, pero es ciertamente sensato que quienes encarnan la soberanía nacional disfruten de ese privilegio, que en realidad es de los representados más que del representante. Naturalmente, siempre que el delito que se le impute sea de carácter ideológico o conectado con su actividad como parlamentario.