Catastrazo expansivo para el nuevo año

E n total 2.452 ayuntamientos en España han solicitado al Ministerio de Hacienda que les permita modificar los valores catastrales de sus inmuebles. En León fueron 67 los que se acogieron a dicha posibilidad, de los cuales un 90% incrementarán la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles a partir del próximo año.

Caben dos vías para que el recibo de ‘contribución’, es decir del IBI, suba o baje: modificando los valores catastrales de los inmuebles, o variando el tipo impositivo que se aplica a dichos valores. En el primer supuesto la competencia corresponde al Ministerio de Hacienda, mientras que en el segundo la responsabilidad recae sobre los propios ayuntamientos.

Por cierto, que ambas vías no son excluyentes. Un ayuntamiento puede ver incrementada la recaudación del IBI por la revisión de los valores catastrales y, además y en el mismo ejercicio, por la modificación del tipo. Si no quieres caldo toma dos tazas: en este caso los vecinos recibirían ración doble de catastrazo, una por cada mejilla, tal y como pretendían los gobernantes de un importante ayuntamiento leonés en fechas recientes.

Cuando un alcalde solicita a la Dirección General del Catastro la revisión de los valores inmobiliarios en su municipio, en muchos casos trata de conseguir el mismo objetivo (recaudar más) que podría alcanzar sin necesidad de acudir a Hacienda. Solo tendría que aprobar en el pleno del ayuntamiento el incremento del tipo de IBI. Otra cosa es que, desde el punto de vista del rédito electoral, resulta más cómodo que sean otros los que aprueben el catastrazo y ahorrarse el trago de levantar la mano para votar. Es preferible que los vecinos echen la culpa de la subida de sus impuestos a Madrid, que al ayuntamiento. O que el papel de malo de la película lo interprete Montoro y no el regidor (o regidora) de turno, aunque primero haya que lanzar la piedra y luego esconder la mano, puesto que en este caso el ministro actúa a instancia de los alcaldes.

Por otro, lado Hacienda y Montoro están gozosos. Lo suyo es recaudar. Además, el dinero que a mayores obtengan los ayuntamientos, supone una financiación que no le pedirán al Gobierno. Y el catastrazo que se nos avecina, ese regalo tan efusivo de algunos alcaldes para el año nuevo, tiene efectos expansivos en el conjunto de tributos que paga cada contribuyente. Sus consecuencias no se limitan al recibo del IBI, ni siquiera a los impuestos municipales. Repercute también en los tributos del Estado.

Cierto que el IBI, que se devenga todos los años, es el tributo al que más afecta la revisión de los valores. Aunque no todos los ayuntamientos están en la misma situación.

Resulta significativa la diferente presión impositiva que sufren los vecinos de un municipio con los de enfrente, por este tributo. Merece destacarse que la práctica totalidad de los ayuntamientos del alfoz de León, como Sariegos, Valverde, Valdefresno y Villaquilambre, no solo no han sucumbido a la tentación de solicitar a otros la modificación de los valores de sus inmuebles, sino que, ateniéndose al ámbito de sus competencias, todos han rebajado durante el presente mandato hasta el 20% el tipo impositivo. Todos, excepto San Andrés del Rabanedo cuyo tipo de IBI casi duplica al del resto de los de su entorno, y es el único que sufrirá un incremento en el valor tributario de los inmuebles a partir de 2017. Cosas de los desbarros de sus gobernantes.

Otro tributo municipal afectado directamente por la revisión catastral es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Plusvalía.

Pero también existen impuestos estatales en los que el incremento del valor catastral de los inmuebles provocará mayor presión fiscal para el contribuyente. Los casos más significativos corresponden a los impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

En el caso del IRPF, quien paga por renta inmobiliaria tributará más a partir del próximo ejercicio. A grandes rasgos, la subida afectará a los propietarios de inmuebles urbanos, con excepción de aquellos que constituyan la vivienda habitual, los que tengan arrendados o los que estén explotando como negocio. También pagarán más por Renta los propietarios de determinadas fincas rústicas.

Los inmuebles, que en los últimos quince años se han depreciado hasta en un 60% en el mercado, paradójicamente, ahora tendrán que soportar un gravamen mayor en numerosos impuestos.

Y eso que, en los distintos escalafones administrativos, sus responsables, por regla general, se habían comprometido a no subir los impuestos; incluso combatieron con denuedo cualquier conato de incremento cuando ejercían de oposición. Quién les ha visto y quién les ve. Parece que para algunos gobernantes los ciudadanos existen, pero solo en dos momentos muy concretos: a la hora de exprimir sus precarios bolsillos, vía presión fiscal, y a la hora de embaucarles con promesas grandilocuentes que no piensan o no pueden cumplir, cuando van a la caza del voto.