EDITORIAL | Justicia: con los pueblos y contra las eléctricas
El Tribunal Supremo acaba de avalar que los ayuntamientos graven a las empresas eléctricas y de gas por la utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de energía con un cálculo que sobrepasa el valor catastral de los terrenos y que incluye su utilidad. El precedente que sienta la sentencia favorable a dos municipios leoneses abre la puerta a que otros muchos puedan reclamar a las compañías eléctricas y gasísticas este gravamen que llevaba varios años en los juzgados tras negarse las compañías beneficiarias de su uso a pagarlos por obviar de manera sistemática y abusiva su existencia o alegar que eran desproporcionados.
