Publicado por
Isidoro Álvarez Sacristán De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
León

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L a constitucionalización de los partidos políticos ha venido a entroncar la vida ciudadana con las apetencias y decisiones de la vida social. No en vano el artículo 6 de la Constitutión española nos dice que son instrumentos «para la participación política». Y ahí se quedan, en todas instituciones que tengan algo que ver con el devenir de la sociedad; tal el Ayuntamiento, la Diputación, la caja de ahorros, etc. Es más, el propio artículo citado lo dice así, abiertamente, que «concurren a la formación y a la voluntad popular». Si bien no define el fin de que esta voluntad se lleve a cabo a través de la ideología —que no la cita— pero la desarrolla en la vigente Ley de Partidos Políticos del año 2002. Que, por cierto, su Exposición de Motivos es un buen tratado de doctrina política y que sienta las bases de lo que en realidad es un partido, no otra cosa es tal exposición —y tendencia aplicativa— de una doctrina jurídico-social y que «defienden las ideas y programas». Si bien el texto de la Ley de Partidos es más un conjunto de sistemas de orden jurídico-administrativo, en el preámbulo va desgranando lo que es y lo que no debe ser un partido. Así, dice que se trata de «aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática en los asuntos públicos», pero a la vez se impide que ese partido «pueda de forma reiterada y grave atentar contra ese régimen democrático de libertades…. y respeto a los valores constitucionales». Esta libertad ideológica que, además se garantiza en el artículo 16 C.E., tiene un tope legal en defensa de esas ideas, no solamente en cuanto se infrinjan las normas penales sino que deben de tener un compromiso con la sociedad para que no contravengan su organización societaria, formal y tradicional, dentro de orden democrático.

Y algo que los partidos deben de respetar es la tradición. Si los dirigentes de los partidos leyeran la norma jurídica superior que es nuestra Constitución, observarían que en el Preámbulo de la misma se dice paladinamente que se proclama la voluntad de «proteger a todos los españoles y pueblos de España… su cultura y tradiciones». Este debe ser, por tanto, el credo fundamental y la doctrina a seguir por los partidos. Porque la tradición es el acervo de un pueblo, su manera de ser, sus costumbres. No es vano, la costumbre —a tenor del Código Civil— es una fuente del Derecho. Y habrá que preguntarse ¿si la costumbre es una fuente del Derecho, cómo no va a ser, también, manantial de las ideas políticas? O mejor, dicha fuente es la convivencia política. Cuando se pretende suprimir lo tradicional, suele caerse en imposición, inmadurez, simpleza; es decir, totalitarismo. Y cuando el partido político se olvida de la tradición para imponer un ideario —seguramente foráneo— se convierte en egocéntrico, impersonal, ambiguo, extraterritorial. Se obvian las emociones, la exaltación del acervo. Porque lo tradicional no es ni más ni menos que una esencia que se transmite de generación en generación como bálsamo de la convivencia familiar y societaria. Como en los ‘aluches’ leonesas lo que está en juego es el honor. Por ello tan importante es para la doctrina comunista destruir la tradición. Así lo hacen en cuanto pueden. Prohíben que la música popular del municipio acuda a los actos religiosos, desprecian la festividad de los Reyes Magos, se mofan de las procesiones, etc.

La tradición que surge del alma, del espíritu, no se tiene en cuenta. Es decir, se lleva a cabo con exactitud la doctrina leninista: «La materia, la naturaleza, el ser, lo físico es lo primario; el espíritu, la conciencia, las sensaciones, lo psíquico, es lo secundario» (citado por Stalin, Sobre el materialismo …,15). De esta manera alejándose de la esencia del ser se pone en cuestión toda la tradición acumulada durante siglos para sobreponer la ideología actual. Hay, en efecto, partidos que tratan de imponer una ideología foránea de hace cien años sobre una tradición de hace quinientos o mil. Porque no todo vale para la expansión de los partidos, ni toda la ideología puede impregnar la sustancia anímica de la ciudadanía. Si se dice que debe de tenerse respeto a los valores constitucionales y no sobrepasar el Código Penal, no es menos cierto que deben de cumplir lo ordenado en la misma Constitución cuando proclama la garantía de las tradiciones.

Es cierto que existen algunas tradiciones que deben de adaptarse a los medios y conductas del tiempo en que se viven. Y así como el Código Civil permite que las leyes se interpreten de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, algunas costumbres no son aptas para la exposición en el mundo moderno. Pero hay muchas de ellas que, sin perjudicar al vecino de una forma clara y taxativa, pueden explayarse aunque disguste a una ideología — ella sí— trasnochada ( y ya se sabe a qué me estoy refiriendo).

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No me extraña nada que esa ideología, contraria a la tradición más humanista, se apoye en una de aquellas tres misivas de Orwell: «La ignorancia es la fuerza» (1984, 12 ). Las otras dos eran: «La guerra es la paz», «La libertad es la esclavitud». Por ello, el desconocimiento suele ser la causa de olvidar o agredir a la tradición con el único basamento de que se está en posesión de una voluntad ideológica, es decir de partido. Por eso estamos más con Ganivet cuando exclamaba: «… lo que nosotros debemos buscar de la tradición es lo que ella nos da o nos impone: el espíritu».