La masacre política de las autonomías

D esde la llegada de la Transición, España está sufriendo en sus carnes la mayor crisis de su milenaria historia. Todo empezó con la aprobación de la Constitución del año 78 que, en su artículo n.º 2, hace desaparecer la unidad de España, reconociendo dos clases diferentes dentro de su territorio, nacionalidades y regiones, apelando a la Historia y a las tradiciones. La Constitución no dice qué territorios son nacionalidad y cuáles son regiones. Sin embargo, los políticos han dejado muy claro que las nacionalidades son: Galicia, Las Vascongadas y Cataluña. El resto son regiones.

La inclusión de la palabra nacionalidad en la Constitución ha sido el punto de arranque para que los separatistas se hayan lanzado a la destrucción de la unidad de España sin que ningún partido político haya hecho nada para evitarlo. La situación del separatismo en Cataluña es de muy difícil solución porque los que han prometido guardar y hacer guardar la Constitución no están haciendo nada. La separación de Cataluña del resto de España es una muy mala noticia, pero lo que me temo que pase con Cataluña es mucho peor: convertir a España en una colonia de los catalanes.

La posible separación de Cataluña no es la única consecuencia de la creación del Estado de las Autonomías: la corrupción de los políticos ha convertido a la política autonómica en una pocilga. Han arruinado las cajas de ahorro y la justicia no sabe dónde están los dineros. Las autonomías han multiplicado por cuatro el número de asalariados que cobran de los presupuestos del Estado, convirtiendo a los partidos en pesebres donde los afiliados gozan de espléndidos sueldos mientras los servicios de cultura y sanidad están peor que antes pues el número de médicos y maestros ha disminuído. Se han creado, además del Estado central, 17 miniestados con 17 sistemas de sanidad y 17 sistemas de educación diferentes y en algunas autonomías se enseña a odiar a España. La política económica ha consistido en subir los impuestos hasta límites confiscatorios para mantener el pesebre de los políticos a costa de rebajar los servicios más esenciales y empobrecer a millones de ciudadanos. La política económica ha elevado la deuda del Estado por encima del 100% del PIB. Y traerá antes o después la quiebra de España.

La política de algunos partidos es el ataque visceral al catolicismo, intentando la desaparición de la bimilenaria tradición cristiana de España, origen de los derechos humanos.

Otra consecuencia de las autonomías es el abandono de la población rural, logrando que media España se encuentre despoblada con pocos servicios y con un aumento de la pobreza.

Como caso particular de la masacre política que ha supuesto la creación del Estado de las Autonomías lo tenemos en Castilla y León. La propia creación de esta autonomía, contraria a la Constitución, ha sido una chapuza inconfesable de los políticos. No es comprensible que León y Castilla, los dos reinos más antagonistas de todos los reinos de España, los políticos los hayan unido en una autonomía.

Durante más de cinco siglos se intentó unificar a León y Castilla sin conseguirlo. Castilla, cuando fue parte del Reino de León, siempre creó problemas; todos sus condes fueron infieles a los reyes de León, todos, no se salva ni uno. A partir del año 1230, Fernando III hereda la Corona de León y ni él ni sus sucesores consiguieron unificar ambas coronas.

Algunos reyes como Alfonso X el Sabio y Alfonso XI hicieron lo posible y lo imposible para unirlas, pero resultó imposible. Castilla y León se respetaron, pero no se unieron porque Castilla nunca quiso la unión con León. Repito, sólo hubo respeto. En cambio, desde el inicio de la Reconquista, León estuvo siempre unido fraternalmente a Asturias, Galicia y posteriormente a Extremadura. La relación de León y de Castilla es semejante a dos hermanos que cuando viven en el mismo techo, se llevan fatal, pero cuando viven cada uno en su casa, se llevan muy bien.

Si los políticos hubieran tenido la gentileza democrática de consultar a los ciudadanos, esta autonomía nunca habría existido. Los castellanos querían una autonomía con las provincias castellanas, incluídas las provincias de Logroño y Santander. Nunca habrían aceptado formar autonomía con León y los leoneses tampoco con Castilla.

Desde hace bastantes años, el Gobierno autonómico promete soluciones para combatir la despoblación. Los leoneses deberíamos preguntar a la Junta qué medidas reales va a tomar para combatir la despoblación porque la realidad es que la población de la provincia de León ha ido disminuyendo año tras año de una manera imparable hasta lograr la máxima despoblación en cifras absolutas entre todas las provincias de España.

Hace unos días, este Diario publicaba la noticia de que en la provincia de León hay 59 pueblos que no superan los 6 habitantes. Esta despoblación está generando pobreza. Cuando se creó esta autonomía, la provincia de León era la que tenía mayor renta per cápita de las nueve provincias que componen la Comunidad. Hoy León es la provincia con la menor renta per cápita de todas ellas y la segunda por la cola de todas las de España. La política de la Junta ha consistido en castigar a León y en premiar a Valladolid.

Los políticos leoneses deberían preguntar a la Junta qué planes de futuro tiene para combatir con eficacia la despoblación de la provincia de León, un problema común en otras provincias de la Comunidad como Zamora, norte de Palencia o Soria.

La actual situación del Estado de las Autonomías es una masacre política que está destruyendo la unidad de España. Algún día habrá que coger el toro por los cuernos y buscar soluciones. La única solución es crear una nueva Constitución que elimine el Estado de las Autonomías, garantice la unidad de España y la igualdad de todos los españoles ante la ley con los mismos derechos y los mismos deberes.