La ley electoral
U na de las precondiciones innegociables que Ciudadanos impuso al Partido Popular para plantearse su apoyo a la investidura de Rajoy fue la reforma de la ley electoral vigente desde 1977 (comenzó siendo un decreto-ley pero sus fundamentos metodológicos no han cambiado desde entonces) con el fin de hacerla más proporcional. La 97 de las 150 medidas acordadas más tarde decía textualmente comprometía a las partes a «impulsar, en el marco del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, una reforma del régimen electoral que aborde, desde el consenso parlamentario, entre otras cuestiones, la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales. El Partido Popular se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada».
Como consecuencia de aquel acuerdo, el 30 de marzo pasado, a instancias de Ciudadanos pero también del PSOE, el Congreso aprobaba la creación de una subcomisión para la reforma de la ley orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), con un temario abierto que recogía la declarada intención de mejorar la proporcionalidad del actual sistema, pero también otros asuntos que han aparecido recurrentemente como el desbloqueo de las listas o el voto exterior (la última reforma, que implantó el llamado voto rogado, ha ofrecido un resultado desastroso, con una fuerte bajada de la participación de los residentes en el extranjero). La subcomisión, que ha terminado siendo apoyada por todos los grupos menos por el PNV, emitirá un dictamen que irá a la Comisión Constitucional.
La reforma de la ley electoral es un tema recurrente que asoma de tanto en cuanto. El CDS, que fue una ‘bisagra’ y que padeció los rigores de la ley vigente, enarboló la bandera de la reforma, sin éxito alguno. Y ahora hace lo propio Ciudadanos, que es la formación más perjudicad del modelo actual.
Pero el argumento tiene su envés: el mismo afán que experimenta Ciudadanos por lograr un incremento de la proporcionalidad lo tienen PP y PSOE por no consentirlo. Si se quiere una reforma con ciertas posibilidades de éxito habría que proponer un sistema totalmente nuevo, que resultara más perfecto y enriquecedor. Por ejemplo, el alemán, en que 299 escaños de la Cámara baja son cubiertos por el sistema mayoritario (el elector vota a un candidato y obtiene el escaño el más votado en cada distrito; son los mandatos directos) y otros 299 por el sistema proporcional. La fórmula ofrece un dibujo muy realista de un país complejo, y es más sutil que la que manejamos aquí, cargada de defectos.