Desigualdad entre los territorios que debe corregirse porque es dañina

La apuesta en España por la descentralización política y administrativa tenía unos fines loables que eran totalmente imprescindibles cuando en la Transición se repensaron las instituciones después de 40 años de dictadura centralista. Pero desde hace tiempo se debate con mayor o menor intensidad sobre los crecientes problemas de desigualdad que se detectan entre los territorios por esa capacidad normativa, que es imprescindible en muchos asuntos, pero que se convierte en una fuente de conflictos de difícil justificación si sirve para asuntos en los que no debería existir margen de diferencia dentro de un mismo Estado.

Los aranceles, o incluso muchas tasas o impuestos, no pueden ser distintos de manera generalizada entre las comunidades o las provincias. Hay peculiaridades en determinados temas que precisan trato diferenciado, pero es ilógico y perjudicial que crear una empresa en León o Valladolid suponga un desembolso del triple de dinero que en Madrid o en Asturias.

Los excesos generados por los distintos gobiernos que han dependido de fuerzas nacionalistas han impulsado en muchos aspectos un sistema en el que el papel del Estado se ha quedado en poco más que testimonial. Un mapa competencial claro que delimite la acción de las distintas instituciones se hace cada día que pasa más necesario porque la tendencia a ampliar las distancias entre distintas partes del país se convierte en una trampa que ata cada vez más a las zonas con menos desarrollo.