EDITORIAL | Un presupuesto expansivo que rompe seis años de contención
Innovador, riguroso y realista, expansivo, inversor y comprometido. Esos fueron los adjetivos utilizados por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, al presentar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para este año, unas cuentas todavía condicionadas no sólo a la aprobación posterior por parte de las Cortes de Castilla y León, sino también previamente a la del Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado que, aunque ya sin la interinidad del Gobierno del año pasado, siguen sujetos a la incertidumbre.
Una buena noticia a la vista de los grandes números, porque los detalles y las cifras provincializadas no se conocerán hasta hoy, es que por primera vez desde el año 2011 la Junta gestionará más de diez mil millones de euros, concretamente 10.293,2, que suponen un incremento del 4,57% sobre el ejercicio anterior y que permitirá a las consejerías disponer de 375 millones de euros más, 8.003 en total. La segunda, que el 81% del gasto (6.379 millones) será de carácter social, dirigido a la sanidad, la educación y los servicios básicos, que se llevarán cuatro de cada cinco euros del aumento de esa partida. Concretamente, la política sanitaria recibirá 3.477 millones de euros y el aumento de casi el 5% que, aunque insuficiente, debe permitir cuando menos frenar el deterioro de un servicio del que en otro tiempo Castilla y León fue referencia y sin embargo ahora es con demasiada frecuencia generador del descontento ciudadano; a las medidas educativas se destinarán 1.976 millones, con un aumento del 3,69% y, finalmente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades registrará un aumento de 6%, con un total de 925 millones, lo que supone un esfuerzo importante.
Más aquilatado parece el realizado en favor de las políticas económicas. El 8,6% de incremento deberá contribuir a potenciar la competitividad, el cambio del modelo productivo y la reindustrialización con el objetivo de cumplir el acuerdo respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios de alcanzar el millón de ocupados para el final de la legislatura.
La dotación destinada a las políticas económicas, de empleo (11% más, casi 286 millones) y de inversión en investigación y desarrollo (220 millones de euros para I+D+i, con el objetivo de llegar al 3% de las cifras absolutas en 2019) deben contribuir de manera notable a consolidar la recuperación económica y certificar el crecimiento estable y de calidad del empleo. En este sentido, el anuncio de la ampliación de la oferta de empleo público hasta el cien por cien de la tasa de reposición, unas 2.000 plazas, y la convocatoria de hasta el 90% de las ocupadas por interinos, otras 5.600, no puede ser más oportuno en un momento en el que las cifras del paro vuelven castigar con dureza a esta comunidad. Lo exigible ahora es que ese esfuerzo de gasto e inversor sea ejecutado en su totalidad con el año de nuevo muy avanzado.