Escándalo catalán
E l artículo de Gregorio Morán que no quiso publicar ‘La Vanguardia’ la pasada semana con el pretexto de que podría resultar ‘querellable’ resume bastante bien la inquietante deriva autoritaria, claramente franquista, que ha emprendido el nacionalismo radical catalán en su camino hacia el imposible referéndum, hasta el extremo de situar a Cataluña y a todo el Estado español en una situación delicada, en la que no peligran las instituciones pero sí podría zozobrar localmente la paz social si algún histrión no supiera ver dónde están los límites de su estridencia. Conviene decir, para evitar equívocos, que el asturiano Morán, bien afincado en Cataluña, y el abajo firmante disentimos ruidosamente en memorable ocasión cuando en 1979 él publicó ‘Adolfo Suárez: historia de una ambición’, una a mi juicio injusta y mendaz descalificación de Suárez. Más tarde, Morán —nobleza obliga— rectificó en gran medida su visión descalificante de Suárez en otro libro, ‘Adolfo Suárez: ambición y destino’.
En efecto, ¿qué pretenden Puigdemont y Junqueras, embelesados con la CUP, al promover este nombramiento de un radical conspicuo (lo de delincuente tendrían que afirmarlo los tribunales), que ya ha fructificado en forma de unas inadmisibles declaraciones que han encendido el ambiente: como se sabe, poco después de su toma de posesión ha manifestado que los mossos d’esquadra «cumplirán y harán cumplir la ley, como han hecho siempre», y ha agregado que, de cara al referéndum que el gobierno catalán ha anunciado para el 1 de octubre, permitirán que se vote con «libertad» y «seguridad». Como se sabe, el gobierno catalán piensa promulgar dos leyes manifiestamente ilegítimas, la del referéndum y la de transitoriedad (es obvio que el parlamento autonómico no tiene competencias para legislar en estas materias, por lo que las normas serán nulas de pleno derecho), que constituirán la «nueva legalidad» de la imaginaria república catalana emergente. Por eso Forn no ve contradicción entre cumplir la legalidad y permitir votar con libertad y seguridad.
¿Qué se pretende entonces? ¿Qué el estado de derecho claudique ante esta provocación? ¿O qué los mossos d’esquadra tengan que desobedecer aparatosamente unas órdenes inconstitucionales dictadas por su superior autonómico? Es incomprensible que las gentes de PDeCAT o ERC, con una historia democrática a sus espaldas, con nombres eminentes en sus escalafones, estén patrocinando o al menos admitiendo en silencio o sin apenas rechazo esta deriva que incluye una intensa depuración a la más vieja usanza franquista. ¿Hasta dónde se mantendrá la tibieza ante unos acontecimientos que son inadmisibles a poco que se apliquen los valores en que la mayoría decía creer hasta ayer mismo?