República absolutista
S i hicieron saltar por los aires de forma vergonzosa la unidad que pedían los ciudadanos tras el atentado de Barcelona, y diseñaron, minuciosamente, una repugnantemente utilizacion política de la manifestacion contra el terrorismo, cualquier cosa es posible en el camino hacia ninguna parte emprendido por los independentistas catalanes.
De ahí esa pantomima que denominan, ostentosamente, ley de transitoriedad con la que pretende dar cobijo a la desconexión con el resto de Espana si el ‘sí’ gana en el referéndum ilegal independentista anunciado para el 1 de octubre, aunque mal que les pese nunca se celebrará. El proyecto normativo ya ha sido registrado en el Parlamento catalán y en el mismo conceden a su República absolutista catalana y de pacotilla, el derecho a asumir la titularidad de cualquier bien del Estado ubicado en Cataluña, de crear su propio Tribunal Supremo, de obligar a los jueces de tribunales españoles a concursar para obtener una plaza en la Administración de Justicia Catalana, de impagar la deuda si el Gobierno no acepta negociar su abono, o, incluso, de controlar su espacio aéreo, marítimo y terrestre. Aunque la Ley de Transitoriedad no lo precisa, el Ejército español deberá abandonar Cataluña si el ‘sí’ ganara en el referéndum, al ser considerado una institución más del Estado, tal como recogían ampliamente ayer los periódicos.
La norma ficticia enseña, además la patita del absolutismo en una amplia parte de su articulado y fija una suerte de nacionalidad catalana por imposición para todas las personas que posean la nacionalidad española y estén empadronadas en un municipio catalán antes del 31 de diciembre de 2016 y no exige, pero si permite, renunciar a la nacionalidad española.
La ley, como punto previo a la Fundación de cualquier estado totalitario que se precie, solo necesitaría de mayoría absoluta para ser aprobada por el órgano que pretende suplantar al Parlament y entraría en vigor si la ciudadanía la respaldase en un nuevo referéndum, en el que tambien bastaría con un voto de diferencia a favor del ‘sí. Algunos la han llamado ley golpista porque está claro, que de entrar en vigor, cosa que no va a suceder de ninguna de las maneras, supondría una usurpación de la soberanía nacional, que recae en todo el pueblo español, al margen de cualquier legalidad nacional e internacional.
Los partidos constitucionalistas no pueden mostrar ni una mínima fisura cuando de lo que estamos hablando es de las cosas de comer, o lo he es lo mismo, del concepto y la unidad de España como nación. Ojalá que estén a la altura de las circunstancias porque el tema no es ni mucho menos una nadería y sería un error político garrafal minusvalorar su trascendencia.