EDITORIAL | Reapertura lógica para el caso de las presuntas falsedades de anestesistas
La denuncia presentada por el anestesista José Manuel Caunedo sobre el presunto uso de su nombre en la clínica López Otazu en operaciones en las que no estaba presente volverá a ser investigada por un juzgado. La Audiencia Provincial ha decretado que este relevante caso no puede archivarse. Las consecuencias de lo denunciado son graves, ya que se trataría de delitos de suplantación de identidad y falsedad documental. La orden para retomar el caso incluso aventura la posibilidad de que se haya producido un fraude económico sobre las arcas públicas, puesto que el Sacyl podría haber retribuido intervenciones quirúrgicas que no se ajustaban a lo que se estaba declarando.
El episodio desvelado en 2013 por Diario de León merecía una mejor atención judicial. El camino ha sido desde entonces tortuoso aunque este periódico ha insistido en reclamar que se investigase. La Audiencia dice ahora que si el juzgado no dispone de medios suficientes por la complejidad del caso debería recurrir a la policía judicial para «esclarecer totalmente los términos exactos de los hechos denunciados y de aquellos otros que vayan apareciendo en el curso de la investigación».
La sanidad exige todas las garantías. No parece aceptable ningún tipo de trampa como la que pudo existir en esos documentos falsos. La sospecha sobre las derivaciones hospitalarias no es nueva y sería bueno que la administración se aplicase al máximo para disipar cualquier duda. En asuntos como el sanitario no puede existir ningún espacio para la desconfianza.