Vigilantes con el reparto de la ‘tarta’

La foto de unidad de este lunes en Santiago de Compostela exhibe el hartazgo del noroeste de España por la discriminación en las infraestructuras. Los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Galicia, se unieron al lobby promovido por las organizaciones empresariales de sus territorios para exigir que se incluya el corredor atlántico en las prioridades de inversión. Y la imagen no pudo ser más oportuna si se tiene en cuenta que apenas 24 horas después surgió la queja desde Cataluña, por boca de su presidente Carles Puigdemont, quien unió el según él recorte de competencias de los últimos años a las quejas por el déficit de infraestructuras.

Cuando se habla de negociación surge, como es lógico, la preocupación porque la experiencia de las últimas décadas prueba que se suelen desviar cantidades millonarias para acallar a los que se quejan. La experiencia así lo dicta, con todo tipo de dispendios y de revisiones de la financiación autonómica. Pero el problema es que todo sale al final de la misma tarta. Y cuando se dan privilegios a unos se extraen los fondos necesarios del dinero de los ‘otros’, a los que les cuesta mucho más pagar la sanidad o la educación por la dispersión poblacional y los déficit históricos de esos territorios.