Nacionalizar la minería para garantizar el empleo y las reservas energéticas

V ictorino Alonso, el carbonero de los mils etencientos millones de euros en ayudas públicas». Así se leía un titular en prensa hace unos días, recordando que ‘el rey del carbón’ ha recibido 1.700 millones de euros del dinero público para la minería, a través de más de cincuenta sociedades, sin contar las ayudas referidas al transporte, prejubilaciones, desarrollo e infraestructuras, que sumarían mucho más.

Las periodistas, Belén Belmonte y Agustina Pozzi, que hicieron este extenso y documentado reportaje de investigación, afirman escandalizadas, «a pesar de estar condenado por fraude fiscal, apropiación indebida y delitos contra el patrimonio público, sus empresas han seguido nutriéndose de dinero público». Con esos 1.700 millones de euros se hubieran podido mantener 2.833 puestos de trabajo en la mina durante 20 años. ¿A dónde ha ido a parar todo ese dinero de nuestros impuestos?

Los litigios judiciales han acompañado a este «empresario» desde sus inicios, pero recurre todas las causas hasta la última instancia, dilatando los procesos judiciales incluso décadas. Uno de los más recientes ha sido el «robo» de más de medio millón de toneladas de carbón del Almacén Estratégico Temporal de Carbón (Aetc). La empresa pública Hunosa se querelló en 2013 contra la empresa de Victorino Alonso Uminsa al detectar que parte del combustible que les había comprado y que debían almacenar, había desaparecido. La empresa justificó que la merma se debía al viento y a la lluvia. El pasado mes de mayo la Audiencia multó a Uminsa con más de 36 millones de euros. A los pocos días de conocerse la sentencia, Uminsa presentó su liquidación y cedió sus explotaciones a Prosimet, una empresa con la que comparte cargos directivos. La Abogacía del Estado esta vez ha actuado presentando una querella por alzamiento de bienes, puesto que «traslada la percepción de las ayudas estatales a Prosimet, frustrando así el cobro por parte de Hunosa de la multa».

Ante todo este cúmulo de despropósitos y sangría de lo público, es urgente y necesario tomar cartas en el asunto y resolver la privatización del sector energético, en manos como las de este «empresario» que ha sangrado a toda la ciudadanía, utilizando a los mineros y sus familias como rehenes en sus negocios. Es cuestión de voluntad política. Y la decisión tiene que ser política y no dejarlo en manos de la justicia, que como vemos todavía tiene pleitos pendientes de hace décadas.

La solución inmediata es que la empresa pública Hunosa asuma las concesiones y la plantilla de Uminsa como pago por la deuda de 36 millones que tiene la empresa de Victorino Alonso con Hunosa, en vez de malvender y malbaratar los activos de Uminsa y perder la plantilla. Es de todo punto justificado aplicar el artículo 128 en su apartado 2 de la Constitución, que permite esta intervención, como única solución a la crisis actual en las zonas mineras de nuestra provincia y por la defensa del empleo público y estable.

La Carta Magna sostiene que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y la Constitución reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica». «Mediante ley —señala la máxima normativa— se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

Estamos, pues, ante la oportunidad de permitir a la empresa pública Hunosa que expropie de manera indirecta la empresa privada minera de Victorino Alonso, a cambio de cancelar la deuda, las concesiones y cupos ligados a la empresa, dando continuidad a las minas leonesas y asturianas. Porque en este nuevo capítulo en las tramas del carbón de este «empresario», los perdedores como siempre son los 159 trabajadores de la minera leonesa que tienen un ERE de suspensión hasta el 31 de diciembre de este año.

Desde Izquierda Unida ya lo hemos reclamado al Gobierno del Principado de Asturias, para pedir al ejecutivo central la inclusión en el Grupo Hunosa, a través de la Sepi, de los pozos de Uminsa, como la única posibilidad real de preservar los cientos de puestos de trabajo y la actividad minera.

Nacionalizar los pozos garantizaría la viabilidad de las cuencas mineras. Por eso éste es el momento de que el Gobierno aplique la Constitución y Hunosa asuma las concesiones y la plantilla de Uminsa nacionalizando así esta empresa en pago de la deuda contraída, como parte del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona, como plantea la Constitución.

Antes de iniciar un plan de liquidación de Uminsa, que como todos los planes de liquidación se caracterizan por malbaratar y malvender el patrimonio y los recursos de las empresas y acabar dejando en la calle a las plantillas, sea la empresa pública Hunosa quien, en pago de la deuda contraída, asuma e integre las concesiones y la plantilla de Uminsa.

Aunque la propuesta de Izquierda Unida va más allá y plantea nacionalizar todo el sector energético, desde la extracción del carbón hasta la producción, gestión y distribución, dado que es un sector imprescindible, básico y necesario para un país. Por eso exigimos que se tomen las medidas legislativas oportunas para volver a manos públicas las fuentes de reservas estratégicas de nuestra zona, revertiendo la privatización de las empresas públicas, que quedan en manos de este tipo de empresarios y de multinacionales extranjeras que ahora son las que toman las decisiones de un sector estratégico del futuro de la economía y la industria nacionales.

La privatización del PSOE y el PP del sector energético público, por una parte; el desmantelamiento de la minería y el despilfarro del dinero público en ayudas y subvenciones que no se sabe dónde han ido a parar; el dejar morir de inanición la planta de captura de CO2 más avanzada de Europa, la Ciuden, llamada a ser un puntal en la lucha contra el cambio climático, que agoniza en Ponferrada por falta de inversión y proyectos a desarrollar, por otra parte; el anuncio del posible cierre de Compostilla, ahora bajo el chantaje de que se den más ayudas a la multinacional extranjera propietaria para solucionar sus emisiones de CO2, parece que no son hechos aislados e inconexos, como suele decir el PP, sino que responde a un desmantelamiento sistemático y controlado del sector energético de este país y la generación de una dependencia de fuentes de energía exteriores que generarán una economía y un desarrollo aún más dependiente de nuestro país.

Por eso, es imprescindible también la apertura de una mesa de diálogo urgente, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos políticos, para acordar la necesaria reforma y nacionalización de todo el sector energético estratégico español.