Solución para las competencias impropias

Lo ocurrido ayer en el Pleno de las Cortes evidencia el grave problema competencial y de financiación que existe aún en las distintas administraciones públicas. A pesar de los esfuerzos para clarificar el mapa entre las instituciones, se hace patente que los partidos políticos deben ponerse manos a la obra cuanto antes para definir de una vez por todas un marco estable para el conjunto del país.

En Castilla y León existe una auténtica batalla —que enfrenta incluso a instituciones gobernadas por el mismo partido (PP)— sobre quién debe financiar los servicios de atención a discapacitados o más concretamente las residencias de ancianos. En las Cortes se evidenció ayer la diferencia de criterio, con la Junta reclamando que los grandes ayuntamientos y diputaciones paguen la atención a las personas mayores, mientras la oposición exigía un calendario para que la administración autonómica asuma las llamadas competencias impropias.

El problema supera el ámbito de la Comunidad porque el conflicto de la financiación y el de las competencias debe solventarse a nivel nacional. Pero de momento son las instituciones locales e incluso los ciudadanos los que pagan la ausencia de una solución, que no puede dilatarse más.