Razón de Estado y estado de la razón

S e dice de algunas decisiones políticas que no tienen sentido de Estado; de otra judiciales que debe de primar la razón de Estado; y en fin algunos que no debe de existir la primacía del Estado. Ya no estamos en los tiempos en que Luis XIV declamaba que «El estado soy yo» (por cierto que la frase puede que sea apócrifa). No obstante se tienen conceptos distintos del Estado, a veces se confunde con Nación o, mismamente —ahora— con España y para no invocarla se publicitaba la Vuelta Ciclista al Estado, por no decir España.

Se confunde, a propósito, Nación y Estado. Ya Ortega y Gasset advertía de quienes «nadie está dispuesto a defender que sea la Nación para el Estado y no el Estado para la nación». Creo que las disquisiciones semánticas y de concepto las dejó claras —excepción hecha del malhadado término de nacionalidad— la Constitución Española de 1978 al decir desde el artículo 1º que «España se Constituye en un Estado» (democrático y social de derecho). Y más adelante que «La Nación española… garantiza la autonomía de las nacionalidades...». Hay que partir, por tanto, de que el Estado es la organización jurídica de España. Y para que exista Estado es necesario que concurran tres requisitos: territorio determinado, población identificada y normas por la que se rijan. Cuando se dice que se tiene «sentido de Estado», es que se está mirando en las vivencias de los ciudadanos, la integridad del territorio y el cumplimiento de las Leyes (digamos la Ley Suprema o la Constitución)

Cualquier decisión política, jurídica, o administrativa que no tenga presente al conjunto de estos tres elementos que lo forman es que no tiene visión de Estado. Ni siquiera los partidos políticos que según la Constitución expresan la participación y el cauce de opinión, tienen este sentido de Estado que se exige a toda institución. Veamos. Ni el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero español, citan al Estado en sus estatutos; en uno de ellos se dice que es de ámbito nacional (PP) o que es español (PSOE). Izquierda Unida, como mucho dice que es «un proyecto común en las condiciones específicas que se dan en un Estado plurinacional como es el Estado Español». Ciudadanos, como partido, se acerca más al sentido de Estado al decir que está organizado en un «Estado social y de derecho». El partido recién creado Podemos, usa al Estado para decir que es de «ámbito estatal» y «el uso de todas las lenguas del Estado».

Si alguien reivindicara una parte del territorio de España, estaría incumpliendo la razón de Estado. Si un grupo de ciudadanos decidiera apartarse de una comunidad estarían extramuros del Estado. En fin si se dijera que no cumplen las leyes, se pondrían a las afueras de todo cumplimiento racional. Porque la Ley —uno de los elementos del Estado, no olvidemos— es «la ordenación de la razón dirigida al bien común», como se dice en la definición tomista y que ha sido permanente en el tiempo. Cuando alguien dice que no cumple la ley porque no apetece o porque al parecer subjetivo no gusta, se está anteponiendo la sinrazón a la razón. Porque la ley se la considera una entelequia pero por medio de la representación del pueblo (legislativo) se racionaliza.

No hay peor ciudadano —o comunidad de connacionales— que aquellos en que la razón de Estado no ha entrado en sus razonamientos vivenciales. Ya Kant en 1737 (Crítica de la razón pura) decía que «La razón humana…. tiene propuestas que no puede contestar, pues superan las facultades de la propia razón Humana». De tal forma que quienes se saltan la ley —el razonamiento humano— se sitúan fuera de todo ordenamiento lógico y democrático. No puede admitirse que cada partido político tenga su concepto de Estado, de sociedad, de territorio, de ciudadanía, al cabo. Porque sería ponerse al lado de lo irracional. Ya lo explicó Descartes (El discurso del método): «La filosofía científica era la racionalidad del universo y la fe en la razón para explicar el mundo».

Por ello, decimos, que sin la razón de Estado no es posible razonar ni el territorio, ni la ciudadanía ni la tierra en que nos asentamos. Porque defendiendo al Estado o teniendo sentido de él, se está amparando a su población, se defiende su territorio y —lo más importante— se cumple la racionalidad de la Ley.

Alguien en su sano juicio puede decir que «esta ley no me gusta y no la cumplo» o que diga públicamente que no hace caso de las sentencias de los tribunales. En ese caso se trata de seres —bueno, digo congéneres, para no herir— que están extramuros de la Ley, esto es, fuera de la razón; son irracionales puesto que ni respetan la norma ni la respetarán nunca, no sea que «su ley» sea la dictada fuera de la racionalidad (no democrática), o que viva en un territorio sin normas de convivencia, nómadas, en fin, sin Estado. Por eso debe de preservarse el estado de lo racional para proteger y cumplir las normas del Estado. Porque ya dijimos al principio que el Estado es democrático, artículo 1 CE, (con lo que conlleva el término) y que se organiza territorialmente en municipios provincias y Comunidades Autónomas (art. 137 CE). Si además de eso, los ciudadanos participan en la vida pública (política, económica, cultural y social, artículo 9 CE), se cierra el círculo razonable del Estado de la razón. No se puede alegar ninguna otra razón que no sea la organizativa del estado. Porque, como recomendaba Maquiavelo en El Príncipe : «hay dos maneras de combatir: una con las leyes, y otra con la fuerza; la primera es propia del hombre, la segunda lo es de los animales». Esperemos que sea suficiente la Ley para preservar al Estado.