Distorsión que no es de recibo
A unque, salvo cataclismo, no se esperan elecciones generales anticipadas y la próxima cita con las urnas se corresponderá con las municipales, autonómicas y europeas de mediados de 2019, los partidos se han puesto en modo absolutamente electoral, tal como si estuviéramos ya en plena campaña.
Obsérvese la agenda de los líderes cualquier fin de semana y días laborables también. Mariano Rajoy, que siente en el cogote el aliento de Albert Rivera, se hizo acompañar el pasado domingo de familiares de víctimas de dolorosos asesinatos para defender y ampliar la prisión permanente revisable. Los dos milllones de firmas recogidas en tiempo record por el padre de Diana Quer constituyen un apetecible caladero, y más si el asunto coge con el pie cambiado a Ciudadanos.
Por su parte, Pedro Sánchez ha aparcado su propuesta de reforma constitucional y está de gira por España con actos monográficos en defensa del sistema público de pensiones, amenazado desde que nos hemos pulido la hucha de la Seguridad Social. Por su parte, Rivera sigue explotando el filón catalán, al contrario que Pablo Iglesias, que está como loco por pasar página del «procés» y situar en primer plano la agenda social.
Podemos y Cs, que en su día rivalizaron por el voto de castigo al bipartidismo de los viejos partidos, están hoy tan en las antípodas que ya no son competencia directa, razón por la cual andan en tratos para plantear una reforma del sistema electoral que corrija la actual distorsión entre el voto ciudadano y la representación parlamentaria. De dicha distorsión no es culpable el denostado sistema D’Hont, sino la distribución provincial de los escaños.
Eso de lo que tanto se lamenta el PP en Cataluña, donde el voto rural favorece a los independentistas, ocurre en Castilla y León a favor de los populares, que actualmente disponen de la mitad de los escaños del hemiciclo autonómico cuando suman 220.000 votos menos que el conjunto del resto de las fuerzas parlamentarias. (Con el dato añadido de que, en aplicación del vigente Reglamento de las Cortes, los empates se resuelven a favor del grupo popular).
Como ejemplo de la referida distorsión tenemos que en 2015 al PP le salió cada procurador por una media de 12.245 votos, menos de la mitad de los que le costó a Ciudadanos cada uno de los suyos (27.990). En valores intermedios se sitúan el resto de los partidos. Y territorialmente tenemos que cada procurador por Soria sale por algo más de 14.000 votos frente a los más de 28.000 que cuesta cada uno de los de León, desproporción que será mayor en 2019 al perder uno de sus escaños la circunscripción leonesa. Si en Cataluña no se considera de recibo, ¿no habría que revisar y corregir en Castilla y León tamaña distorsión?