EDITORIAL | Agilidad en la ley para combatir injusticias como la de los okupas
La necesidad de que la Justicia sea ágil para ser realmente justa parece un criterio compartido por todos. Y por ello resulta llamativo que el sistema no disponga de herramientas adecuadas para defenderse de quienes abusan de los mecanismos de garantía de derechos y libertades logrando una impunidad que se convierte en una fuente de desigualdad frente a la mayoría de ciudadanos que sí cumplen en tiempo y hora con sus obligaciones.
El fenómeno okupa es una lacra que se ha consolidado en España en los últimos años con un vigor que sólo es explicable si se tiene en cuenta esa impunidad que se genera por la lentitud en las intervenciones policiales y judiciales. Son miles las familias en España que sufren directamente una anomalía como es el que el sistema no les dé una solución cuando alguien les arrebata el uso de sus bienes inmuebles. Y también las personas que indirectamente, como vecinos, padecen todo tipo de molestias y abusos de esos okupas, porque normalmente viven con hábitos alejados de lo que es deseable en salubridad o en respeto a los demás sin ruidos ni excesos a horas intempestivas.
En el caso de los okupas de La Lastra el juez opta ahora por facilitarles un plazo de dos meses para que desalojen las viviendas que usan de manera ilegal desde julio. Accedieron ‘pagando’ 350 euros por la llave para estrenar un edificio deshabitado. El 24 de enero tuvo lugar el juicio, pero la Justicia optó por facilitarles un aplazamiento. El hartazgo de los vecinos de la zona es comprensible. Y la impotencia de los propietarios totalmente lógica. Y la Justicia, lenta.
