Las mujeres y el poder judicial

E l poder judicial, en nuestro país, sigue estando más cerca de los principios y las estructuras del patriarcado, y del predominio y los privilegios del hombre (el varón), que de los derechos de las mujeres, olvidando dónde se origina la lógica y legítima autoridad de ese poder: en todos y cada uno de los ciudadanos del país, de los que la mitad o más son mujeres.

En cuanto al fallo de la sentencia de La Manada, justamente en boca de la sociedad, lo primero que deseo resaltar, desgraciadamente, es la degeneración y la crueldad de que son capaces algunos hombres (varones), indignas del género humano y que avergüenzan y humillan a la humanidad, y prueban lo mucho que queda por conquistar a esta pobre humanidad, y muy en especial al hombre (al varón). ¿Acaso se ha parado a pensar este «ser» (que tiene a veces más de animal que de humano, sin despreciar a ningún ser animal que jamás se comportaría como el animal varón), que jamás las mujeres serían capaces de cometer actos tan vandálicos y crueles? ¿Y eso por qué? Sencillamente porque son superiores (científicamente demostrado), y por tanto, ha llegado la hora de aprender de ellas, y detener la barbarie masculina, por todos los medios capaces que todo estado democrático tiene en sus manos.

En este sentido, todo hombre de bien ha de comenzar a cambiar esos esquemas mentales de privilegios y predominio de que goza frente a la mujer, heredados del patriarcado y de los sistemas políticos autocráticos y opresores, precisamente instalados por el hombre (el varón) a lo largo de los siglos. Ha llegado ya el momento del cambio, y todo hombre que se niegue a reconocerlo, está involucionando como ser humano y constituye un peligro social cada vez mayor, al oponerse a la evolución propia, necesaria e irreversible de los tiempos, que exigen la creación de sociedades donde sea posible una mejor convivencia entre todos, hombres y mujeres, adultos y niños, blancos y negros, ricos y pobres.

Pero esta sentencia es también la prueba manifiesta de la brecha existente entre el poder judicial y el sentir de la mayoría de los ciudadanos, lo cual es de una extrema gravedad, porque genera la desconfianza y la decepción de estos hacia un órgano de poder que es esencial en toda democracia. Y bien es sabido que, en las sociedades democráticas, donde un poder del Estado es cuestionado, las estructuras sociales en que se sustenta toda democracia, comienzan a desmoronarse; se produce un efecto semejante, en cuanto a las graves consecuencias sociales, al que se produce en una familia donde los hijos comienzan a desconfiar de sus padres.

Parece que algunos jueces (varones, ¡claro!) no han comenzado aún a cambiar sus esquemas patriarcales por otros más avanzados y democráticos, que les encaminen a ajustar sus sentencias y deliberaciones a lo que la sociedad española está demandando, en los últimos tiempos, y en especial, las mujeres, desde el pasado 8 de marzo, e incluso antes. Pero esos jueces, y todo el poder judicial en conjunto, no deberían olvidar que, si los pueblos tardan en despertar para reivindicar sus derechos, cuando lo hacen, no dan marcha atrás. Y por tanto, sería una torpeza y un grave error que el poder judicial, y el resto de los poderes del Estado, no tomaran conciencia a tiempo, con el fin de no predisponer a los ciudadanos a perder la paciencia y los buenos modales democráticos, en sus justas reivindicaciones. Los pueblos no suelen salir a la calle gratuitamente, en las sociedades democráticas (al menos cuando lo hacen en manifestaciones masivas e insistentes), más que para reivindicar sus derechos o para denunciar los abusos y privilegios de los diferentes poderes del Estado.

Es lógico, pues, que, en toda sociedad democrática medianamente avanzada, sus ciudadanos se impliquen, cada vez más y con todo derecho, en las decisiones que toman los poderes del Estado, porque saben que toda legitimidad democrática se asienta en ellos, en los propios ciudadanos. En consecuencia, se manifiestan, con pleno derecho democrático, cuando comprueban que uno de esos poderes se ha olvidado de lo que son sus obligaciones y responsabilidades: atender a las diferentes necesidades de los ciudadanos y asumir los cambios sociales que estos experimentan, en su deseo de avanzar hacia una convivencia social más justa y democrática.

Pero esta lección no ha sido aprendida aún, al parecer, por las diferentes autoridades de nuestro país, que se atrincheran en sus puestos de privilegio, olvidándose de por qué y para qué han accedido a esos puestos de poder. Corresponde, entonces, a los ciudadanos recordárselo y exigirles sus responsabilidades. Eso es lo que está ocurriendo en las ciudades españolas, en estos momentos. Recordemos, a este respecto, como justo agradecimiento, el ejemplo que los mayores, los jubilados, están dando en nuestra sociedad, frente al desprecio y la humillación de los dirigentes políticos hacia las justas reivindicaciones, tanto de los jubilados como de las mujeres.

Finalmente, no conviene olvidar que los poderes instituidos suelen sucumbir ante las prerrogativas y los privilegios que ostentan en la sociedad, y por eso, se olvidan a veces de sus obligaciones y su responsabilidad ante los ciudadanos. Entonces, estos, conscientes de sus derechos democráticos, deben tener bien aprendida la lección: Las manifestaciones persistentes de los ciudadanos unidos son el medio más poderoso (y quizás el más efectivo) para exigir esos derechos. No hay duda de que esas manifestaciones han de ser siempre por vías democráticas y pacíficas, pues la violencia genera siempre más violencia. Y en cuanto a las autoridades del Estado, en lugar de resistirse a admitir y reconocer los derechos de los ciudadanos, deberían asumir los cambios que han de efectuar, en sus comportamientos negligentes e irresponsables, si desean acallar esas manifestaciones ciudadanas cada vez más masivas.