De la devoción al negocio, las cuentas pasan por el IBI

Ha sido un pulso largo, pero finalmente el Ayuntamiento de León ha conseguido que la Colegiata de San Isidoro y el convento de las Carbajalas paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles por sus negocios de hostelería. La reforma en 2012 de la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo abrió la posibilidad por la que ha peleado la Hacienda municipal de cobrar por estas actividades económicas, aunque también en verdad que dejó recovecos que permiten mantener de momento la exención en algunas propiedades de la Iglesia que le generan beneficios económicos, aunque no las explote directamente.

La medida, y la resistencia de las organizaciones católicas a hacer frente al pago de este impuesto, ha estado rodeada de polémica. El IBI es el principal impuesto que cobran los ayuntamientos, de media genera el 60% de sus ingresos; y todos los propietarios tienen que hacer frente a su pago. Cuyo crecimiento, por cierto, no ha dado tregua durante la crisis, y se ha multiplicado por cinco en los últimos veinte años.

La Iglesia defiende la exención del pago recordando que están libres de abonar este impuesto una larguísima lista de instituciones y administraciones, y también las propiedades de otras religiones, por lo que rechaza que reciba un trato de favor. La ley aplica la exención a las propiedades de quienes considera que cumplen un fin social, como una forma de incentivo para seguir desarrollando estas actividades. Una consideración que marca claramente la línea que divide el altruismo del negocio. Por eso tanto San Isidoro como las Carbajalas sólo pagan el impuesto por la parte de su propiedad en la que ejercen la actividad económica, y no por el resto. Es de justicia que así sea.