Diario de León
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PEDRO VICENTE
León

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Con inusitada celeridad, las Cortes de Castilla y León han trasladado al nuevo Gobierno central el listado de reivindicaciones planteadas desde la comunidad autónoma. Son las mismas que ya tenía sobre la mesa el Gobierno de Mariano Rajoy, algunas desde hace años y otras mas recientes, y casi todas ampliamente consensuadas por los principales grupos representados en el Parlamento autonómico.

Alguno de esos problemas, concretamente el futuro del carbón, viene arrastrándose durante décadas en las que se han dilapidado ingentes caudales públicos —recuérdese que el famoso «caso de la minería» data de los años 80— sin que a estas alturas se haya conseguido dotar a las comarcas mineras de un tejido industrial alternativo que garantice su supervivencia. Entretanto, hemos asistido a una irreversible liquidación del sector, que en su actual estado agónico solo aspira a demorar su fecha de caducidad. Pero a nadie se le oculta que el verdadero problema no es tanto la minería como el negro futuro de las centrales térmicas, condenadas —cambio climático mediante— más pronto que tarde a echar el cierre. Ese es el gran reto a abordar por el gobierno de la comunidad y el nuevo ministerio para la Transición Ecológica.

Sigamos. El enquistado problema de la financiación autonómica, que lleva cinco años aparcado, no podrá afrontarse mientras el gobierno Sánchez no disponga de unos Presupuestos Generales del Estado que permitan encajar el nuevo modelo pendiente de negociar entre Hacienda y el conjunto de las comunidades autónomas. Y eso es algo que hoy por hoy está completamente en el aire.

Y que decir de la sangría de la despoblación. Se supone que el nuevo Ejecutivo se subrogará en el compromiso de elaborar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que ha sido incapaz de presentar el gobierno del PP. Pero visto que nadie ha dicho una palabra al respecto, no parece que el problema forme parte de las prioridades de la nueva agenda gubernamental. También es de suponer, faltaría más, que el nuevo ministro de Agricultura, conocedor de primera mano de los entresijos de Bruselas, hará lo imposible por evitar los oscuros presagios (léase drásticos recortes) que se ciernen sobre la Política Agraria Común a partir de 2020. ¿Y?

En resumen, las pelotas que hasta hace nada estaban en el tejado de Rajoy pasan ahora a estar en el tejado de Sánchez. Y de momento ahí van a seguir. Entretanto, el Senado se dispone a aprobar esta semana los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el anterior gobierno. Y lo hará con un puñado de enmiendas del PP, ninguna de las cuales incrementa las inversiones en Castilla y León, la comunidad que aporta mayor número de senadores al grupo popular de la Cámara Alta.

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