Un conflicto gratuito

I magínese que usted desempeña durante años un puesto de trabajo, y un buen día su empresa dice que usted no está capacitado para ello. Imagine que trata de averiguar por qué pero su empresa le dice que no tiene por qué dar explicaciones. Por lo visto alguien de contabilidad ha hecho un informe, aunque no se lo enseñan a nadie, y parece que ahí dice que usted no puede trabajar en su puesto a pesar de que usted en su empresa y cientos de colegas en la competencia están trabajando en ese puesto. Y como consecuencia de ese informe secreto a usted lo ponen en la calle.

Eso les está ocurriendo a los técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La Junta ha decidido elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y como la actual es de 1996 la idea parece bastante buena. Pero hay que llevarla a cabo bien.

En el caso de Medio Ambiente el borrador de la RPT propone, por ejemplo, que un puesto que antes podía desempeñar un ingeniero de montes o un biólogo ahora solo lo pueda desempeñar un biólogo.

De esta forma, si en ese puesto hay desde hace años un ingeniero de montes, este se encuentra de pronto con que, sin darle ninguna explicación, la Junta niega que pueda ejercer esa función. Y él se tiene que ir del puesto, sin ningún beneficio para el servicio público, sin ningún ahorro para la Junta, con la pérdida de su experiencia acumulada y con un grave quebranto personal.

Para los ingenieros de montes esta situación se da en cuatro plazas de cada provincia, lo que eleva a 36 el número total. Los ingenieros industriales dejan de tener acceso a 42 puestos, los agrónomos a 29, los biólogos a 16 y así hasta la pérdida de 272 oportunidades de elección de técnicos, y eso sin contar servicios centrales ni Servicios Territoriales de Fomento. El borrador propuesto empobrece a la Junta al renunciar a los distintos enfoques que aporta la variedad de titulaciones.

Corregir el borrador para volver a admitir la variedad de titulados de la situación anterior no tiene ningún coste económico, no perjudica a ningún colectivo, mejora la plantilla y evita los graves perjuicios personales que produciría la aprobación del texto presentado. Por eso resulta inexplicable que no se haga esa rectificación, que por otra parte podría evitar la segura impugnación judicial de todo el proceso por los afectados.

Pero los hechos observados no invitan a pensar que la Junta tenga previsto rectificar esos errores. El borrador se entregó a los sindicatos el 13 de junio, tiene 470 páginas y es complejo de manejar, pese a lo cual sólo se dio de plazo hasta el día 22 (6 días hábiles) para estudiarlo y proponer modificaciones. Pero es que además en la reunión del día 22 para presentar alegaciones la actitud de los representantes de la administración fue negarse a aceptarlas, siempre sin justificaciones convincentes. Y, si hubiese intención de como mínimo estudiar alguno de los cambios propuestos, la máxima responsable del borrador habría estado en esa reunión. Pero estaba en la presentación de la campaña de incendios.

De ahí que ahora las prisas por resolver un asunto complicado expliquen mejor lo que se está observando en este proceso que la búsqueda del bien común o la mejora en el funcionamiento de la Consejería.

Insisto, rectificar el borrador y volver a la variedad de titulaciones prevista en la plantilla anterior no tiene ningún coste económico, no perjudica a nadie, mejora objetivamente el equipo humano al servicio de la Junta y evita los perjuicios directos y potenciales que produciría la aprobación del borrador presentado. Es tan sencillo que resulta absurdo que, de no intervenir las altas instancias para poner un poco de racionalidad, se esté dejando que la situación se encamine de forma inexorable hacia el conflicto.