Una permisividad que no tiene justificación

El Procurador del Común, cuyo informe de la situación fue rechazado por la Junta de Castilla y León, actuará de oficio contra la autorización para que 106 pueblos de la provincia renuncien al control sanitario del agua. Una resolución del Ejecutivo autonómico permite esa posibilidad en poblaciones de menos de cincuenta habitantes, liberando de esa manera a los pedáneos de la obligación de recoger y entregar las muestras para los análisis. Entiende el Procurador del Común que de ninguna manera es admisible descuidar esas garantías sanitarias y, al menos a primera vista, sí que parece una temeridad que se renuncie a ellas.